La Coordinadora Estatal para la Recuperación del Patrimonio Inmatriculado por la Iglesia, que agrupa a una veintena de colectivos ciudadanos de todo el país, apoya la decisión del Ayuntamiento de Zaragoza para pedir la nulidad de las inmatriculaciones de la Seo y la Iglesia de la Magdalena.

El Ayuntamiento zaragozano aprobó el pasado lunes pedir judicialmente la nulidad de pleno derecho de las inmatriculaciones por una palmaria vulneración de la ley, pero también en la consideración de que se trata de bienes pertenecientes al dominio público desde tiempo inmemorial, aunque hayan sido administrados formalmente por la Iglesia, recuerda este colectivo en un comunicado.

Apuntan que ambos templos fueron inscritos de forma unilateral y subrepticia a nombre del Arzobispado de Zaragoza por medio de una "artimaña claramente inconstitucional", el artículo 206 de la Ley Hipotecaria, promovido en 1946 por el dictador Franco, que otorgaba a la Iglesia el privilegio de autocertificarse la propiedad de inmuebles sin aportar prueba documental alguna.

Para mayor irregularidad aún, según la Coordinadora, la jerarquía eclesiástica registró los monumentos en 1987 cuando la ley aún no le permitía inmatricular templos de culto, hasta entonces considerados bienes comunes.

El procedimiento se hizo -continúa- en evidente "fraude de ley", ya que aún faltaban 11 años para que el expresidente José María Aznar abordara la reforma de la norma que amplió las prerrogativas diocesanas.

La Coordinadora destaca además que expertos medievalistas, como José Luis Corral, confirman que en la construcción de ambas joyas del arte mudéjar participó decisivamente la monarquía con su aportación de "rentas del rey, es decir, del Estado".

Las argumentaciones esgrimidas por el Ayuntamiento de Zaragoza "coinciden plenamente" con las posiciones defendidas por la Coordinadora en su larga denuncia del "escándalo inmobiliario" de las inmatriculaciones de la Iglesia.

Al amparo de este subterfugio legal, la jerarquía católica se ha apropiado de miles de bienes sin demostrar su titularidad, como es el conocido caso de la Mezquita de Córdoba, añade.

La Coordinadora se constituyó formalmente el pasado octubre y está integrada por MHUEL, la Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro, la Plataforma Mezquita Catedral de Córdoba, Europa Laica, Redes Cristianas, la Unión de Ateos y Librepensadores, la Plataforma de Defensa del Patrimonio Vasco, la Plataforma de Defensa del Patrimonio Andaluz y numerosos colectivos de la Rioja, Teruel, Valencia, Baleares o Asturias.