El consejero delegado de la corporación empresarial pública de Aragón, Mario Varea, admitió ayer cierta "decepción" al haber encontrado más dificultades de las previstas a la hora de cerrar determinadas operaciones que permitieran desinvertir el capital accionarial del Gobierno de Aragón en algunas de estas sociedades mercantiles. Varea --que ayer compareció en las Cortes de Aragón para informar sobre las cuentas anuales de la corporación en el 2013-- reconoció que en ocasiones se han encontrado "con un muro" por parte de los accionistas mayoritarios a la hora de que estos asumieran las acciones.

Varea fue más explícito aún e indicó que tampoco habían encontrado a algún "inocente" que quisiera asumir los porcentajes minoritarios que la Administración pública posee en las empresas de las que se quiere desvincular. Sobre todo cuando estos apenas son del 6% o 7%.

MÁS PÉRDIDAS

Esta fue alguna de las exposiciones que hizo Varea ayer en las Cortes, donde informó a los grupos del estado del plan de racionalización y ajuste en las empresas públicas. No dio grandes detalles del mal estado de las cuentas de la corporación, que en el pasado ejercicio volvió a tener unas pérdidas de 98 millones de euros. Este fue un aspecto, el de la deuda de las sociedades y el hecho de que año tras año se acumulen más pérdidas a pesar de la política de desinversiones, el que fue más criticado por los diputados de la oposición. Varea reconoció que esta asciende a 410 millones de euros, 392 si no se tiene en cuenta el plan de pago a proveedores.

El diputado de IU, Luis Ángel Romero, detalló algunas de las más cuantiosas, como Plaza, 110 millones, Aramón, 62, Expo, 102 o Plaza Desarrollo Logístico, con 50. Lamentó que a pesar de que ha habido incluso pérdida de empleo, la deuda siga creciendo, y preguntó si aquellas empresas con problemas de financiación han ido presentando los informes financieros que exigía el plan de racionalización del sector público empresarial. También quiso saber si se han producido ceses de los cuerpos directivos de las sociedades con más pérdidas, una medida que también se incluía en el plan. No halló respuesta.

EJECUCIÓN DEL 65%

El consejero delegado indicó que el plan de racionalización pretendía reducir el cuerpo de la corporación empresarial de 103 empresas públicas o participadas a 35, y en la actualidad hay 60, de las que 20 son públicas en su totalidad y no hay otros accionistas. Es decir, se ha ejecutado el plan, que está "en permanente revisión", en un 65%.

La intención del Ejecutivo autonómico es llegar a final de este año con un grado de cumplimiento del 70%. Además de estos datos, Varea indicó que están en su última fase de gestión otras 4 operaciones y en un proceso avanzado de negociación para que la Administración autonómica abandone su participación en otras 15. Las razones que esgrime el Ejecutivo autonómico para mantener su participación es que estas sirvan al interés general o realicen actividades que la empresa privada no cubra.

El diputado de CHA, José Luis Soro, se interesó por saber si estas empresas cumplen la ley de estabilidad presupuestaria, y por saber quién controla Aramón, una empresa en la que el Gobierno de Aragón asume cuantiosas pérdidas pero según dijo Soro, no tiene capacidad de decisión. Varea indicó que doce empresas han hecho un plan de saneamiento en función de esta ley.

Por su parte, el diputado Vicente Larred, del PSOE, criticó estas cifras de deuda que demuestran que el "mito de la buena gestión del PP se cae" con ellas "por su propio peso".