El pleno de las Cortes de Aragón ha aprobado hoy iniciar la tramitación de la ley reguladora del fondo aragonés de financiación local por unanimidad, aunque entre críticas de la oposición al "postureo" del Gobierno, por el escaso margen de maniobra para que salga adelante antes de que acabe la legislatura.

El consejero de Presidencia, Vicente Guillén, ha explicado que la ley responde al compromiso del Gobierno de atender la demanda histórica de los municipios y de aportar certidumbre financiera con un fondo que marca un "suelo", de 30,6 millones de euros, a distribuir entre los ayuntamientos con transparencia, al margen de colores políticos.

Esta cuantía mínima otorga previsibilidad financiera a los ayuntamientos, lo que redundará en unos mejores servicios a los ciudadanos, ha dicho Guillén.

Para la obtención de fondos, el proyecto de ley establece que los municipios deben rendir sus cuentas ante la Cámara de Cuentas de Aragón y estar al corriente de la remisión de información a la administración autonómica para recibir fondos, y perderán el derecho a obtenerlos por periodos de dos, tres o cinco años en el caso de sanciones leves, graves o muy graves por incumplimientos de la ley de memoria democrática.

Todos los grupos han aprobado la tramitación de una ley necesaria ante la insuficiencia financiera de los ayuntamientos a pesar del poco tiempo que queda para que se disuelvan las Cortes antes de la celebración de elecciones autonómicas y municipales en mayo, los de la oposición, para impedir al PSOE que pueda acusarles en campaña de ser los responsables de paralizarla en las Cortes.

En ese sentido, Miguel Ángel Lafuente, del PP, ha criticado la "poca vergüenza" del Gobierno por presentar la ley a 43 días hábiles del final de legislatura, solo por "soltar" un texto para llegar a la campaña y poder culpar a otros si no sale adelante y, ha advertido que su grupo no dejará de hacer su trabajo en este tiempo "ni en una sola coma".

Maru Díaz, de Podemos, ha incidido en que la ley llega "muerta" por los plazos por el "postureo" del Gobierno, ya que el anteproyecto se aprobó en Consejo de Gobierno hace 8 meses y podría haberse tramitado antes, pero el PSOE, ha dicho, no podrá acusar a Podemos de ser quien la bloquea en las Cortes.

Javier Martínez, de Ciudadanos, ha apoyado fijar un mínimo de financiación a los municipios atendiendo a principios de solidaridad, pero ha tachado la ley de "descafeinada", porque llega sin que esté la ley que delimite las competencias de las administraciones locales, que se ha olvidado "por el camino", al tiempo que ha criticado sus "zonas grises" al subordinar la participación de los municipios en la financiación al cumplimiento de la ley de memoria democrática, lo que supone una doble sanción

Por el PAR, María Herrero ha coincidido en las críticas al Gobierno por traer la ley a falta de tres plenos para la disolución del parlamento cuando era una prioridad de legislatura, sin bien ha apuntado que es necesaria y que su grupo participará en la ponencia y presentará enmiendas para mejorar el texto con talante constructivo, teniendo en cuenta que la responsabilidad de la financiación municipal es del Estado.

Por el PSOE, Darío Villagrasa, además de destacar que este gobierno ha multiplicado por dos veces y media el dinero que reciben los ayuntamientos, ha subrayado que el objetivo de la ley es proporcionar certeza en los ingresos con las administraciones locales con un fondo mínimo de 30,6 millones, y evitar la discrecionalidad en el reparto, mientras que Carmen Martínez, de CHA, ha respaldado la tramitación, aunque ha advertido de que esta financiación es subsidiaria a la que se debe acometer con urgencia.