Las Cortes de Aragón debatirán y votarán hoy, en sesión plenaria, la propuesta de creación de una comisión de investigación sobre la gestión pública en materia de saneamiento y depuración de aguas en la Comunidad para analizar y depurar responsabilidades, en el caso de que existieran. Esta iniciativa, presentada por Podemos, abrirá el pleno, a las 9.30 horas, y se sustancia después de las reiteradas denuncias formuladas por esta formación, tanto en las Cortes como en el Congreso, y después de conocerse un informe del Tribunal de Cuentas que cuestionaba la fórmula empleada durante la etapa de Gobierno PSOE-PAR para construir estas depuradoras. A juicio de la cámara, fue un modelo sobredimensionado e insostenible que amenaza a las arcas públicas con la devolución de 117 millones de euros.

Al hilo de este debate político, tres de los gestores públicos que impulsaron este plan, emitieron una carta en la que defienden el modelo y consideran injustas las sospechas y los ataques. Son el exconsejero de Medio Ambiente, Alfredo Boné, el exviceconsjejero Luis Marruedo y el exdirector del Instituto Aragonés del Agua, Alfredo Cajal, quienes achacan a la crisis el hecho de que no se pudiera concluir el ciclo y defienden su honorabilidad ante quienes siembran de sospecha su actuación. También defienden el Impuesto de Contaminación sobre las aguas, «con una tarifa igual para todos los aragoneses, es un elemento fundamental de solidaridad territorial: si cada municipio se pagase su depuradora, el gasto sería inasumible para los pequeños núcleos. La confusión interesada de considerar que el ICA es una tasa por depurar ha traído graves problemas. No es una tasa, es un impuesto, y no es por depurar, es por generar aguas residuales».

En su carta, aseguran: «La comisión de investigación que aprobarán las Cortes de Aragón sobre las políticas públicas de depuración ha de verse como una oportunidad para explicar, recordar los argumentos, desmentir falsedades e infundios, romper silencios: decir la verdad, por parte de todos, en sesiones públicas, y extraer conclusiones sin apriorismos, desde el respeto, por el buen nombre de los amplios equipos que trabajaron en los planes y de quienes siguen sufriendo calumnias, sin perjuicio de los derechos que asisten para salvaguardar el honor frente a insidias».

Asimismo, consideran que los municipios afectados por el pago de un servicio que no reciben, tienen razón: «No les falta razón a los ayuntamientos a la hora de exigir soluciones. El problema no son las depuradoras construidas, sino las que faltan por construir: saber cómo y cuándo podrán acometerse, y si se podrán evitar nuevas sanciones europeas las que ya llevemos acumuladas en Aragón por los incumplimientos de 2015».

Por ello, desean que la comisión «sea una oportunidad para arrojar luz públicamente sobre el futuro de la calidad de las aguas y los ríos de Aragón». Hoy, previsiblemente, todos los grupos darán el visto bueno a que se celebre la primera comisión de investigación de la legislatura.