Las Cortes de Aragón han aprobado este martes impulsar un plan de ayuda para autónomos y entidades de economía social que debería estar perfilado en un plazo máximo de un mes, previo estudio en la mesa de trabajo del plan para la recuperación económica y social de Aragón, que se reúne este miércoles. La iniciativa, presentada por el PP, ha logrado el apoyo de todos los grupos salvo IU, que se ha abstenido, entendiendo que le falta concreción y que las ayudas lineales, el "café para todos", no son la solución, según ha resumido Álvaro Sanz en la comisión de Economía.
La moción, defendida por los populares por el portavoz del área, Javier Campoy, incluye ayudas directas para los gastos de los autónomos mientras dure el estado de alarma, reducción de la cotización a 60 euros, ayudas para la reincorporación de los que tengan que cerrar, para la modernización, digitalización e internacionalización o líneas de créditos sin intereses para las nuevas tecnologías. En un principio iba dirigida directamente al Gobierno, pero tras la enmienda in voce planteada por Jesús Guerrero, del PAR, en nombre del cuatripartito, pasará por la mesa de trabajo. E incluirá no solo a los del régimen general sino a los mutualistas, según ha aportado José Luis Saz, de Ciudadanos.
Con la aprobación mayoritaria, la iniciativa ha puesto un broche de unidad a una sesión de las Cortes en la que esta no se estaba exhibiendo demasiado. Comenzando por la propia propuesta, que Campoy ha planteado acusando al Gobierno de Aragón de "inacción" con los autónomos y de estar detrás de la consejera (Marta Gastón) que afirmó que dar ayudas a autónomos sería muy complicado, en una entrevista con EL PERIÓDICO.
AGENTES SOCIALES
Ya antes, en el primer punto de la comisión de este lunes, los agentes sociales que han comparecido habían instado a los partidos a la unidad. Con singular contundencia lo ha hecho Ricardo Mur, de la CEOE, que ha instado a los presentes, y en particular a la oposición, a aparcar "las ideologías por unos meses y apoyar al Gobierno" (el de Aragón, ha dejado claro), porque "no nos hacemos idea de la que se nos viene encima, y a la gente le quedan tres años para votar".
También en este primer punto ha sido el popular Campoy el que más agresivo ha estado, particularmente con los representantes sindicales, Daniel Alastuey de UGT y Manuel Pina de CCOO, acusándoles de no acordarse de la hostelería, los autónomos o la seguridad de los sanitarios. Incluso les ha sugerido que envíen a sus liberados sindicales a ayudar. Ambos le han recordado que sí han nombrado a estos sectores y presentado múltiples iniciativas al respecto. E incluso Aurelio López de Hita, por parte de CEPYME, ha recomendado a Campoy que no ataque a estos dos sindicatos porque "si no existieran, habría que inventarlos", o la representación laboral quedaría en manos de "indeseables".
Durante sus intervenciones, producidas a instancias de Ciudadanos, los agentes sociales han expuesto las dificultades económicas que atraviesan y que se avecinan, dejando claro que, aunque las medidas hasta ahora puedan ir por el buen camino, están lejos de ser suficientes.
Por la parte sindical, Alastuey ha incidido en la necesidad de contar con equipos de protección para la vuelta al trabajo, y en ayudar a los autónomos y los sectores más perjudicados, como la hostelería. Los fondos, entiende, deberían llegar de Europa pero también de aquí, "con una fiscalidad adecuada".
Pina ha considerado que la salud y seguridad son la "prioridad absoluta", pero no conviene descuidar a las empresas y los empleos, y se ha mostrado proclive a una renta básica porque, a diferencia del 2008, aquí no solo se van a perder empleos sino que va a ser imposible salir a buscarlos. Ha apostado por planes sectoriales de recuperación, porque "no valdrán generalismos".
En la parte empresarial, López de Hita ha lamentado que los ERTE estén produciendo "lentitud y confusión" a la hora del cobro de prestaciones, aunque ha reconocido que, habiéndose presentado 20.000 en una semana, es normal. Pero esto no palía la "tremenda losa" de quienes siguen teniendo gastos pero no ingresos, por lo que ha sugerido una moratoria de impuestos de seis meses o un año, que debería ir acompañada de otra de los bancos respecto al principal de las hipotecas o préstamos. También ha apostado por una agilización de la burocracia y un plan de fomento del consumo cuando pase el estado de alarma.
Por su parte, Ricardo Mur ha incidido en la "solidaridad" de los empresarios, con sus 6.000.000 de euros aportados en Aragón y la compra y elaboración de material, que entiende que no se van compensadas por las "medidas insuficientes" y la "improvisación" del Gobierno central. Ha sugerido que los empleados públicos también deberían tener alguna afección para un "reparto equitativo de la crisis" -algo que le ha afeado luego Alastuey, de UGT-, y sobre todo ha insistido en la necesidad de ayudas para el sector servicios, que ha presentado el 90% de los ERTE, y de lograr material de protección, "porque el Gobierno (central) lo exige pero no indica dónde se puede adquirir".
