El nuevo Reglamento, cuya reforma no fue posible acometer la legislatura pasada, ha sido definitivamente aprobado en el pleno de las Cortes con un amplísimo consenso, gracias a la lealtad demostrada por los grupos parlamentarios y a las cesiones que todos ellos han realizado en el trámite de enmiendas, según han reconocido durante sus intervenciones la mayoría de los portavoces.

La Cámara constituyó en octubre de 2015 una ponencia especial para la redacción de una propuesta de reforma del Reglamento y, tras año y medio y más de cien horas de trabajo en treinta reuniones, en marzo de 2017 se presentó un documento que recibió 44 enmiendas.

La reforma incluye, entre otras cuestiones, cambios en los derechos económicos de los diputados y de acceso a la información; crea la figura de la agrupación parlamentaria dentro del Grupo Parlamentario Mixto, y habilita los meses de enero y julio para actividad parlamentaria con carácter general.

También establece la posibilidad de convocar debates monográficos, y prevé la formulación de preguntas al presidente en los plenos por todos los grupos de la oposición y la incorporación de interpelaciones urgentes o sobre asuntos de especial relevancia.

Las audiencias en el procedimiento legislativo, las propuestas de preguntas o proposiciones no de ley de iniciativa ciudadana, junto con la regulación específica del contenido del portal de transparencia, del derecho de petición y del derecho de acceso a la información generada en el Parlamento por la ciudadanía buscan hacer realidad el Parlamento abierto pretendido por la ponencia.

A pesar del gran consenso alcanzado, algunas propuestas han quedado en el tintero, entre ellas la defendida por Podemos e Izquierda Unida para poder revocar a los miembros de la Mesa y de elección conjunta de todos sus miembros.

También la posibilidad de que los ciudadanos se puedan dirigir a la Cámara en las lenguas de Aragón y que los diputados puedan usarlas en sus intervenciones si se facilita la traducción correspondiente.

Esta propuesta fue defendida por Podemos e IU, y finalmente también por el PAR debido a que no se nombraba expresamente al aragonés y al catalán, pero no ha logrado el consenso suficiente, ha dicho Patricia Luquin por Izquierda Unida.

Para el diputado de Podemos Héctor Vicente, se ha perdido una oportunidad para avanzar en la recuperación de los hablantes de aragonés y catalán, que son "lenguas casi proscritas" en la Cámara que representa a las personas que las hablan.

Respecto a la composición de la Mesa, Herrero también ha defendido que ésta, al ser un reflejo de las alianzas políticas, pudiera cambiar en el momento en el que los pactos también se modificaran en el Gobierno de Aragón.

A instancias de Podemos se incluyeron varios artículos para regular las relaciones de las Cortes con la Agencia de Integridad y Ética Públicas.

El PP no los comparte, como tampoco los que desarrollan la ley de cuentas abiertas que, según el diputado popular Antonio Torres, pueden atentar contra la ley de protección de datos.

A pesar de estas desavenencias, todos los portavoces se han felicitado por el consenso alcanzado, que en palabras de Javier Martínez (Ciudadanos) es "chocante" en una de las legislaturas "más díscolas y más disparatadas" de la historia, con siete formaciones políticas representadas.

Este consenso demuestra, ha agregado, que hay un "halo de esperanza" y que cuando hay talante "se puede llegar a acuerdos".

Para el socialista Javier Sada, el nuevo reglamento responde a las demandas de los ciudadanos de "más participación y más democracia e inmediatez".