Las Cortes de Aragón han aprobado hoy la nueva ley aragonesa de Salud Publica con los votos del PP y del PAR, mientras que la oposición ha rechazado parte del articulado por entender que, entre otras deficiencias, no recoge las competencias de las distintas administraciones.

Todos los portavoces de los grupos han destacado el grado de colaboración que se ha registrado en el trabajo de la ponencia y desde la oposición se ha valorado la mejora que ha tenido el texto al incorporar una parte importante de sus enmiendas.

La coordinadora de la ponencia, Marian Orós, del PP, ha señalado que la nueva ley, muy demandada por los colectivos profesionales, se adapta a la norma estatal, resuelve problemas históricos y supone una ordenación eficiente y eficaz.

Ha destacado el buen ambiente y el grado de colaboración que ha habido entre todos los grupos que, a su juicio, queda reflejado en las 147 aprobadas de las 245 enmiendas presentadas, más de ochenta de los socialistas y en torno al cincuenta por ciento de las registradas por CHA e IU.

Orós ha remarcado el consenso con el que sale adelante la ley, ya que reconoce los principios rectores de la salud publica, los derechos de gratuidad y universalidad, aunque ha lamentado que no lo haya habido en lo referido a las competencias de los municipios y comarcas y la carrera profesional.

Tampoco ha habido consenso respecto a las zonas básicas de salud, que desde la oposición pedían su supresión, o la creación de una Agencia Aragonesa de Salud o de una ley especifica sobre los laboratorios.

El diputado del PSOE Eduardo Alonso ha resaltado el grado de receptividad y el talante positivo que ha habido en los trabajos de la ponencia, y en este sentido ha señalado que las muchas enmiendas aceptadas, más de ochenta de su grupo, han revelado que el texto inicial era mejorable.

Tras defender la universalidad de la salud publica, ha criticado que en la nueva legislación se ha sido "cicatero" con los ayuntamientos y concretamente no se ha reconocido la singularidad de Zaragoza.

Alonso, quien ha indicado que en el caso de las comarcas se podía haber ido un poco más allá, ha afirmado que se ha mejorado mucho el articulado de la ley, que sale en parte mejorada pero de forma "insuficiente", ya que, en otras carencias, no se ha conseguido reordenar los recursos del territorio, ni lo referente a las carreras profesionales.

La portavoz de IU, Patricia Luquin, ha dicho que ha habido un ambiente propicio para mejorar la ley y se ha hecho, pero ha lamentado que se no se haya sido más audaz y se haya quedado "a mitad de camino" cuando podía haber sido pionera e inspiración para otras comunidades.

Luquin, cuya formación ha incorporado 36 enmiendas al texto final, se ha congratulado de que se reconozca la universalidad de las vacunaciones, pero ha rechazado que se mantengan las áreas básicas de salud, que no se reconozca la especificidad de Zaragoza y que se desprofesionalice la salud pública, porque el principio de que todo sirve para todo es un retroceso.

Carmen Martínez, de CHA, ha señalado que el texto de la ley se acerca al concepto de salud publica que tiene su grupo, del que se han incorporado 51 enmiendas, en las que se recogen los principios rectores de la salud publica.

A su juicio, al recoger las enmiendas se ha conseguido un texto legal mucho más completo y una redacción más acorde con lo que se espera de una ley de salud publica, sobre todo en los deberes y derechos de los ciudadanos, pero resulta incompleta al no determinar las competencias de las distintas administraciones, al igual que en lo referente a las competencias profesionales.

Por su parte, Manuel Blasco, del PAR, ha resaltado que se han aprobado el 58 por ciento de las enmiendas (245) que se presentaron al proyecto de ley y ha destacado que es un texto que ha sido "ampliamente mejorado" y que podría recibir la aprobación de toda la Cámara.