Las Cortes de Aragón han aprobado este jueves, en sesión plenaria, una proposición no de ley del PP --enmendada por varios grupos-- para instar al Gobierno regional a elaborar un plan de contingencia para residencias, iniciativa que ha defendido la diputada popular Marian Orós.
En el texto aprobado, la cámara emplaza al Ejecutivo a establecer un único protocolo de actuación para las residencias "que defina de manera concisa las pautas estrictas a seguir en el caso de que se detecte a una persona con síntomas o un positivo en COVID-19".
También, que la Inspección de Centros de la Secretaría General Técnica del Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales sea considerada "responsable único" para mejorar la comunicación con las residencias, de manera que estas puedan dirigirse a este interlocutor en el caso de detectar un posible positivo.
Otra medida es dotar a las residencias públicas de material de seguridad "con el estocaje necesario" para que, desde el primer momento, el personal y los usuarios "estén suficientemente protegidos, sin perjuicio de la competencia subsidiaria del Gobierno de Aragón en la dotación de material de seguridad a las residencias de titularidad privada en el caso de que no puedan acceder a él".
El Parlamento ha pedido al Ejecutivo que confeccione un protocolo para contar con una bolsa de profesionales cualificados actualizada para dotar a los centros residenciales en caso de emergencia y que convoque este año la OPE de facultativos y enfermeras del IASS, con el objetivo de consolidar dichas plazas y dotarlas de estabilidad.
Asimismo, han pedido que garantice, en caso de emergencia sanitaria o situación de especial necesidad, la cobertura sanitaria a todos los centros residenciales por personal sanitario del Instituto Aragonés de Servicios Sociales o del Salud a través de un convenio marco con todas las empresas y entidades que ofertan este servicio de centro residencial.
Por último, han emplazado a modificar el Decreto que desarrolla la normativa del sector, aprobado en 1992, de modo que conlleve una mejora de las condiciones laborales de los trabajadores, con el objetivo de poner en valor su figura y su profesionalidad, así como la exigencia de aumentar el nivel de cualificación de las y los trabajadores de los centros residenciales.
La reforma debe ir acompañada, han expresado, de un incremento presupuestario que permita unos precios justos que se adecuen a las tarifas reales del servicio para poder garantizar la adecuada prestación de los servicios de los centros residenciales, y que los ciudadanos puedan tener acceso a esos servicios.
La iniciativa presentada por el PP ha contado con cuatro enmiendas conjuntas firmada por los grupos parlamentarios que componen el Gobierno, PSOE, Podemos, CHA y PAR, además de con tres enmiendas in voce de CHA, Vox e IU.
La parlamentaria popular Marian Orós ha aceptado las enmiendas del Gobierno referidas a los puntos dos y tres de la iniciativa y ha llegado a una transacción de los puntos cuatro y siete, además de proporcionar su beneplácito a la enmienda in voce de CHA, aunque ha rechazado las de Vox e IU.
IR POR DELANTE
Orós ha urgido a "ir por delante" de un posible rebrote y que el Gobierno cuente con una "reserva estratégica" de material, tras lo que ha destacado la conveniencia de que las residencias tengan un interlocutor único. Ha planteado elaborar una bolsa de empleo con personal cualificado de refuerzo.
También "es importante mejorar la coordinación con las entidades privadas", ha dicho la diputada del PP y, por otra parte, actualizar las tarifas de las residencias.
Desde el PSOE, Pilimar Zamora ha alertado de la virulencia con que ha afectado la pandemia a las personas mayores. Ha recalcado que el Gobierno de Aragón ha estado trabajando con un solo protocolo y un responsable único.
La parlamentaria del PAR, Esther Peirat, ha lamentado que "las residencias se han visto muy afectadas" por la pandemia, lo que "no puede volverse a dar", emplazando a "dar una mayor protección a nuestros mayores y a todos los sanitarios y cuidadores".
En representación de CHA, Carmen Martínez, ha advertido de que "parece que todos hayamos vencido ya a este COVID", pero "no ha desaparecido, vive entre nosotros y no podemos bajar la guardia", recomendando mantener las distancias de seguridad.
La diputada de Podemos Equo, Erika Sanz, ha señalado que cuando no ha habido disponibilidad de material de protección "no se ha mirado si la residencia era pública o privada, había un mandato de salvar vidas y atender a la gente, y no se ha mirado nada más".
El portavoz de Vox, David Arranz, ha animado a "mantener la alerta y, esta vez, hacerlo mejor, con mayor previsión, medios y coordinación". Ha considerado "razonables" las medidas propuestas.
El diputado de IU, Álvaro Sanz, ha subrayado que "seguimos conviviendo con la enfermedad, sigue estando allí", apostando por poner todos los medios para mejorar el bienestar, seguridad y salud de las residencias.
La diputada de Ciudadanos, Loreto Camañes, ha apoyado la iniciativa, abogando por "enfrentarnos con mayor contundencia" a la pandemia "en caso de que vuelva a ocurrir".
