La Comisión Institucional y de Desarrollo Estatutario de las Cortes de Aragón ha expresado este lunes su rechazo al bloqueo que se ha sometido a los buques Open Arms y Aita Mari que rescatan inmigrantes en el Mediterráneo y ha instado al Gobierno de Aragón a que reclame al central que impulse una política migratoria común.
La diputada de Podemos Maru Díaz ha sacado adelante esta iniciativa que pretende garantizar los derechos de los náufragos en alta mar, para lo que ha admitido la votación por separado de sus cuatro puntos durante el debate de la Comisión esta mañana en el Parlamento autonómico.
Díaz considera que pese a que estos buques se encuentran en una situación similar a la que se vivió con el Aquarius en junio del pasado año, cuando se aceptó acoger a los inmigrantes recogidos en el Mediterráneo, no se ha obrado igual, "lo que deja claro el papel poco coherente que ha jugado el Gobierno de España en materia de migración”, ha apuntado, según se recoge en una nota de prensa.
La diputada de Podemos también ha achacado falta de criterio a la Unión Europea, “por consentir que Italia y Malta se nieguen a cumplir los acuerdos europeos para recibir a esos barcos de ayuda y luego mostrarse inflexibles con Grecia o España durante la crisis económica”, ha recordado.
Para el diputado del PP Miguel Ángel Lafuente, calificar la situación, como ha hecho el ministro José Luis Ábalos, de problema “meramente administrativo” supone reconocer “la inexistencia” de una política migratoria y ha atribuido la situación de soledad de España en este asunto a los “bandazos” de Sánchez, que ha relacionado con un efecto llamada para el que ha ofrecido datos.
Lafuente ha reclamado actuar antes de que los inmigrantes se echen al mar y lograr una política europea común desde el convencimiento de que la inmigración “regulada” debe ser la solución a la despoblación que sufre España.
El socialista Darío Villagrasa ha reconocido la “gran complejidad” de la materia abordada y ha defendido la labor del Gobierno central para “articular un política migratoria europea común” porque “no es posible que los países ribereños deban asumir en solitario esta responsabilidad”.
Ha defendido el compromiso de España con los derechos humanos con los datos de las 2300 embarcaciones y las más de 50.000 personas rescatadas pero se ha mostrado en contra de entrar a valorar la cuestión de la concesión de los despachos a los buques porque “sería quebrantar la ley”.
Desde el PAR, María Herrero ha llamado la atención de los diputados ante la “extrema sensibilidad” del asunto tratado, que a su juicio hace “muy diferente” opinar y tomar decisiones.
“El PSOE ha demostrado que cuando no está en el Gobierno se queda en la mera opinión, pero cuando tiene que decidir se da cuenta de la responsabilidad que conlleva”, ha señalado al tiempo que ha advertido que la política no pasa “ni por cerrar puertos ni por no dar autorizaciones” y sí por mostrar “sensibilidad humanitaria”.
Para Ramiro Domínguez (Ciudadanos), la inmigración es un “reto europeo” que requiere una “política común” y no la “falta de criterio” del presidente Sánchez, “que cada día dice una cosa, según le vaya el márquetin”, en referencia a la autorización brindada al Aquarius, la negativa para el Aita Mari y el Open Arms y el “semiabandono” del Nuestra Señora de Loreto hasta que finalmente fue rescatado “por dignidad”.
“No entendemos el criterio para autorizar a unos sí y a otros no y por eso la UE nos dio un tirón de orejas con el Aquarius”, ha declarado.
La diputada del Grupo Mixto y de CHA Carmen Martínez ha brindado su apoyo a la iniciativa presentada para evitar más muertes porque “no debemos permitir que el Mediterráneo siga creciendo como fosa común” y ha apuntado que “dar cumplimiento a la legislación internacional que ampara el derecho de las personas náufragas a ser rescatadas, no sólo es una cuestión humanitaria”.
