Los grupos parlamentarios de las Cortes de Aragón respaldaron ayer la intención del Justicia de Aragón, Ángel Dolado, de asumir dentro de la institución la figura del Defensor del Menor, para lo que sería necesario incluir alguna referencia al respecto en la Ley de la Infancia y la Adolescencia que el Parlamento votará tomar en consideración en el pleno del próximo jueves.

Dolado compareció ayer ante la Comisión Institucional, a petición propia y de Ciudadanos, para exponer los motivos que se ha planteado para establecer un área específica. Como recordó, ya al tomar posesión en abril colocó el asunto como prioridad de la institución, porque a su juicio permitiría un «tratamiento integral» de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, para garantizar que prevalezca su superior interés, y posibilitará «la concreción de su derecho a ser oídos y a participar».

El Justicia recordó que la institución que lidera ya tiene competencias en esta área, pero crear un órgano específico para la defensa del menor haría que esta fuera «mas proactiva», y facilitaría la participación de la institución en la Red Europea de Defensores para la infancia (ENOC), lo que a su vez haría posible el intercambio de información y experiencias con otros defensores del menor españoles.

AMPLIACIÓN SIN COSTE

Dolado recordó que la ley de la infancia del 2001 -cuyo trámite de reforma comenzará el jueves- ya asignaba competencias al Justicia, pero se ha demostrado que es «insuficiente» y que es necesario «matizarla y ampliarla».

Aragón,afirmó, es una de las comunidades españolas más avanzadas en cuanto a protección y promoción del menor, pero «queda mucho por hacer» y la creación de esta figura en el Justicia, que hasta ahora se ha centrado en la atención a menores vulnerables, abriría un abanico de posibilidades para actuar frente a nuevos fenómenos, como el ciberacoso, el bullying, los menores extranjeros no acompañados o la adicción a juegos de azar. Y todo ello sin coste añadido, afirmó.

Los portavoces de los grupos se mostraron de acuerdo en integrar la figura del Defensor del Menor en el Justiciazgo, siempre que sea «totalmente independiente» y no suponga incrementar el presupuesto. Para ello intentarán modificar la norma con total consenso.