Ocho años después de que el helicóptero en que se desplazaba la brigada de Alcorisa para sofocar un incendio se estrellase entre Villastar y Villel, causando la muerte de seis de sus ocupantes y dejando a un séptimo herido, sus familias verán hoy cómo la comisión de investigación de las Cortes se cierra sin conclusiones dignas de tal nombre. Mejor dicho, no lo verán, porque han decidido no ir al pleno en el que se votará el dictamen en vista del resultado.

Así lo explicaba ayer Marisol Salafranca, portavoz de las familias, que lamentaba cómo va a terminar una larga lucha de ocho años. «Solo han hecho seis sesiones de comparecencias y una fue de nuestros propios abogados. Al final no van a encontrar responsables y solo harán recomendaciones, es muy triste», lamentaba.

Salafranca había remitido un escrito a los grupos políticos, en el que recordaban cómo la comisión, aprobada en el 2016, no se puso en marcha hasta el año pasado. En vista de que solo ha estado activa menos de un año, «tiempo insuficiente para abordar con rigor y profundidad» el asunto y la documentación, y que ni siquiera han comparecido personas directamente implicadas en el siniestro «porque no ha habido tiempo», pedían retomar o reiniciar la comisión en la próxima legislatura.

Sin embargo, solo Podemos e Izquierda Unida les han respondido, indicó la portavoz, y no parece que en la votación de hoy vaya a haber cambios respecto a lo previsto, la aprobación de un dictamen de mínimos, de recomendaciones.

Será un nuevo varapalo para las familias, que ya se llevaron uno en los juzgados cuando el caso se cerró por un enrevesado tecnicismo. En resumen, se había decidido reabrir la causa pero estaba en discusión contra quién se hacía. Y la Audiencia de Teruel, al resolver que no ampliaba la acusación a la operadora del helicóptero, Inaer, decidió también que la causa se quedaba archivada. Algo que no había solicitado nadie, pero que se quedó así, como caso cerrado, cuando hasta el Constitucional avaló la decisión.

Así pues, ni por vía judicial ni por vía política se averiguó quién fue el responsable, si lo hubo, de no revisar la pieza que falló, sobre la que el fabricante había emitido un boletín específico indicando que daba problemas. Las comparecencias de la comisión de investigación no han arrojado mucha luz al respecto, ya que los responsables de la operadora y de mantenimiento (que en su mayoría ya no lo son) han coincidido en que no podían desmontar el servoactuador, ni por capacidad ni por legislación.

MÁS ASUNTOS

Además del dictamen de la comisión de investigación, el último pleno de hoy resolverá sobre el dictamen de la ley de autónomos, la ley de creación de la comarca central, los créditos especiales de la DGA para Opel o las comisiones de estudio sobre la transición energética en Andorra y la deuda histórica, entre otros asuntos.

Será la última sesión plenaria de la legislatura, antes de que el lunes se produzca la disolución de las Cortes antes del periodo electoral.