Las Cortes de Aragón dieron ayer por terminado el trabajo previo con la futura ley de ética pública. La comisión Institucional decidió por unanimidad enviar para su debate en el pleno el dictamen del proyecto legislativo de Integridad y Ética Pública después de cinco meses de trabajo parlamentario. El socialista Florencio García Madrigal, coordinador de la ponencia, será el encargado de exponer los trabajos realizados después de haber sido designado por los miembros de la comisión para ello.
La futura ley pretende promocionar, impulsar y garantizar la integridad y ética pública en el sector autonómico y en las personas y entidades que se relacionan directamente con él. El objetivo es quiere abarcar, entre otros ámbitos, el sistema educativo, el estatuto de altos cargos, la publicidad de la actividad de los grupos de presión o la imposición efectiva de los códigos de conducta y de buen gobierno.
El texto propuesto por el Gobierno de Aragón ha recibido más de 300 enmiendas en el trámite parlamentario.
