El Pleno de las Cortes ha convalidado hoy -con el apoyo de todos los grupos excepto Podemos, que ha votado en contra- un decreto que modifica la Ley de Ordenación del Territorio de Aragón (LOTA) para agilizar las declaraciones de interés general y así evitar alteraciones de valores y especulación.

En defensa del texto, el consejero de Vertebración del Territorio, José Luis Soro, ha explicado que con la modificación, además, se evita que desde la declaración formal de interés concedida por al DGA hasta la aprobación definitiva de los Proyectos de Interés General de Aragón (PIGA) se podían crear "expectativas artificiales".

En contra del decreto, el diputado de Podemos Ignacio Escartín, pese a que no ha negado la utilidad de las declaraciones de interés general, ha abogado por una modificación "profunda" de la LOTA.

En la explicación de voto, ha asegurado que "una ley que se dice para acabar con la especulación no sale con los votos de Ciudadanos y del PP y sin los votos de Podemos".

Por el PP, Fernando González ha expresado que apoyo "total y comprometido" porque "el que ni hace ni se compromete no se equivoca nunca", aunque ha pedido también apoyo gubernamental para inversiones no tan cuantiosas pero "fundamentales" para la vertebración del territorio.

El diputado socialista Fernando Sabés ha indicado que este cambio evita procesos "farragosos" y que las inversiones privadas salten "la frontera" y se instalen en comunidad vecinas, como Navarra, además de prevenir negocios "especulativos".

Berta Zapater (PAR) ha criticado la "simplicidad" de Podemos, a quienes ha acusado de estar "en contra de todo" y, en cuanto al texto, lo ha apoyado porque garantiza la seguridad jurídica, mientras que Jesús Sansó (Ciudadanos) ha destacado la necesidad de la inmediatez para llevar a cabo estos proyectos.

Por su parte, en representación del Grupo Mixto, Gregorio Briz (CHA) ha pedido a Podemos, de quienes ha dicho que "no son serios", que se olvide de sus "obsesiones familiares" contra su formación, y no trate de asociarles al PP para quedarse ellos solos en su "Arcadia feliz".

Del mismo modo, ha defendido que con este decreto se intenta evitar la especulación y el "pelotazo", como cree que se permitía con los 18 meses de espera entre la concesión y la posterior declaración de los PIGA, y se promueve y facilita la instalación de empresas en Aragón.