Las Cortes aprobaron ayer llevar al Tribunal Constitucional (TC) la Ley de Evaluación Ambiental, al entender que abre la puerta a los trasvases. Hubo un acuerdo unánime entre todos los grupos, lo que no evitó que, una vez más, los partidos se enzarzasen en el ya tradicional debate en torno a las intenciones, ocultas de momento, del Gobierno de Mariano Rajoy de llevar agua del río Ebro a Levante.
Los silencios del presidente del Ejecutivo central convierten el trasvase en un enemigo invisible que está siempre a punto de llegar. Su sombra se llama ahora Ley de Evaluación Ambiental. Así se puso de manifiesto ayer en el hemiciclo. Un contundente informe de los servicios jurídicos del Parlamento estimó que la disposición adicional décimo quinta, la transitoria segunda, el apartado tercero de la disposición derogatoria única y las disposiciones finales segunda, tercera, cuarta y quinta son anticonstitucionales y atentan contra las competencias de Aragón.
Los cinco grupos aprobaron una petición de CHA para interponer un recurso de anticonstitucionalidad ante el TC. Todos los partidos, incluido el PAR, acusaron al PP aragonés de no forzar a Rajoy para que rechace el trasvase de forma contundente. José Luis Soro (CHA) criticó a los populares por apoyar la iniciativa porque no tienen otra opción ante un informe que es "incontestable". Patricia Luquin (IU) lamentó que el Gobierno de Aragón no haya encargado un informe jurídico, tal como se le encomendó en las Cortes a través de una proposición no de ley. Suele ocurrir con aquello que emana de la Cámara. "Saben que tienen un problema --el PP-- porque su partido está a favor del trasvase, y cuando tengan recursos lo harán", dijo.
Javier Sada (PSOE) acusó a la presidenta del Gobierno, Luisa Fernanda Rudi, y al consejero de Medio Ambiente, Modesto Lobón, de "mentir" en las Cortes, pues aseguraron que la Ley de Evaluación Ambiental no era trasvasista, y el informe de los servicios jurídicos les ha quitado la razón. El portavoz socialista recordó los "antecedentes trasvasistas" del ministro de Medio Ambiente Miguel Arias Cañete.
LOS SOCIOS
Los enconados ataques que recibió el PP durante el debate, ni siquiera tuvieron tregua durante la intervención de su socio. El portavoz del PAR, Alfredo Boné, advirtió de que el debate hidráulico surgido a tenor de la Ley de Evaluación Ambiental terminará "abriendo en canal" el Parlamento. Una amenaza a sus compañeros de viaje en el Pignatelli y en la Cámara del diputado aragonesista, que exigió a los populares que resuelvan los problemas que generan la opiniones de los presidentes de Levante: Alberto Fabra --de la Comunidad Valenciana-- y Ramón Luis Valcárcel --de Murcia--, o las de la de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal. Antonio Torres (PP) insistió una vez más en la posición que mantiene su partido, contraria al trasvase. Justificó el apoyo de su grupo al recurso en la defensa del ordenamiento jurídico, pero puso en duda que la ley ambiental permita los trasvases. "Lo que les duele es que haya unanimidad, pero no van a conseguir que defendamos el trasvase", dijo. El PP en bloque votó a favor del recurso. Faltó uno, el de Luisa Fernanda Rudi.
