Las Cortes de Aragón han activado por primera vez el procedimiento reglamentario para solicitar la conformidad del Gobierno ante la tramitación de enmiendas presupuestarias que supongan minoración de ingresos.
La posibilidad, regulada en los artículos 193 y 167 del Reglamento de las Cortes, implica en esta ocasión que el Ejecutivo debe dar su conformidad en un plazo de dos días, "dado el escaso tiempo de trabajo", según reza el requerimiento oficial, apuntan fuentes parlamentarias.
La decisión la ha adoptado hoy la Mesa de la Comisión de Hacienda, que ha calificado un total de 1.293 enmiendas de todas las formaciones parlamentarias al proyecto de ley de presupuestos para 2018.
La Mesa ha detectado hasta ocho propuestas de modificación que cumplen los requisitos para recabar la opinión del Ejecutivo, aunque, según se establece en las referencias reglamentarias citadas, el efecto de este informe, que "será trasladado a los grupos parlamentarios y a la Comisión competente", queda en manos de la propia ponencia de presupuestos, en caso de "disconformidad".
Las enmiendas que han activado este procedimiento se distribuyen entre las cinco relativas al Impuesto sobre la Contaminación de las Aguas (ICA), dos dirigidas a las tasas que prevé el proyecto y una quinta sobre la liquidación del impuesto de sucesiones por las fiducias.
En relación al primer bloque, Podemos y PAR piden en dos de sus propuestas la supresión de la tarifa del impuesto, "dejándolo sin tarifas para poder ser aplicado durante el ejercicio 2018", según el escrito.
El PAR también firma otra enmienda dentro de este primer bloque, al igual que Ciudadanos, que proponen un cambio de las tarifas vigentes o incremento de las bonificaciones, cuyo efecto "sobre los ingresos por el impuesto, aunque no puede calcularse, puede minorar la recaudación".
Por último, la enmienda "más clara" en cuanto a este procedimiento de las dirigidas al ICA es otra de Podemos, la quinta, puesto que "propone la suspensión de la vigencia del ICA durante 2018".
