La Cortes de Aragón aprobaron ayer con una amplia mayoría una iniciativa que insta al Ejecutivo autonómico a favorecer en la contratación pública las propuestas que presenten «criterios sociales, medioambientales, innovación y de género».

La proposición de Podemos contenía tres puntos y requirió ser votada de forma separada para albergar la abstención de los populares y el apoyo del resto de grupos el primer punto, precisamente el que insta a incluir los citados criterios en los próximos contratos.

En este punto se solicita también que se trabaje en una ley sobre la materia «de manera urgente» con el objetivo fundamental de que dinamice y mejore las condiciones laborales y medioambientales de la sociedad.

La propuesta de la formación morada incluía asimismo la revisión de los contratos con el fin de comprobar que las empresas que trabajan para la administración pública cumplen la legalidad vigente, así como la obligatoriedad de tener un plan de igualdad para empresas que tienen 250 trabajadores o más. «El 70% de las empresas no los han desarrollado todavía a pesar a llevar en vigencia diez años», explicó la diputada de Podemos Marta de Santos, encargada de defender la moción.

El tercer punto, que como el segundo nrecibió el apoyo suficiente para salir adelante al ser considerados por la mayoría de los grupos como «reiterativos», defendía el impulso de un órgano colegiado que controle las políticas del Gobierno de Aragón en materia de contratación pública.

A pesar de que la proposición salió adelante el entusiasmo de la misma fue bastante dispar. La diputada Yolanda Vallés (PP) lamentó que el documento «no aporta nada nuevo» y el PSOE garantizó que la DGA ya está trabajando con esos criterios «desde el principio de la legislatura».

COMPRA RESPONSABLE / El PAR alabó que la administración pase a ser «ejemplo de control en la contratación» y el representante de Ciudadanos, Javier Martínez, pidió un mayor responsabilidad administrativa. Por su parte, el diputado Gregorio Briz (CHA) insistió en que la cuestión es «muy importante» aUnque cuestiones como la contratación o compra responsable ya son una prioridad en las administraciones locales. El texto no es de obligado cumplimiento para la DGA.