Las Cortes de Aragón han aprobado hoy por unanimidad una declaración institucional sobre la situación del Sáhara Occidental por la que piden a España y a la Unión Europea que inicien negociaciones con el Frente Polisario para establecer las "oportunas relaciones comerciales y económicas".
Así consta en el texto de esta Declaración basada en las conclusiones de la Conferencia de los Intergrupos parlamentarios, que congrega a 14 parlamentos autonómicos, entre ellos el de Aragón.
La presidenta de las Cortes, Violeta Barba, ha sido la encargada de leer un texto que los grupos han apoyado por asentimiento.
Texto que, por un lado, considera al Frente Polisario como "legítimo y único representante del pueblo saharaui", tal y como reconocen la ONU y la comunidad internacional; y que, por otro, denuncia la presencia del Reino de Marruecos en la zona, por cuanto no puede menoscabar el derecho de los saharauis a la autodeterminación e independencia.
Después de indicar que "en los territorios ocupados" del Sáhara se han constatado "graves vulneraciones en los territorios ocupados de los derechos de expresión, reunión, asociación y manifestación", las Cortes, en su declaración, celebran como "un avance esencial" la sentencia del Tribunal Europeo de Luxemburgo que destaca que la soberanía de Marruecos en el lugar no está reconocida ni por la UE ni por la ONU.
Más adelante, aplauden el auto de la Audiencia Nacional en el que se define a España como "potencia administrativa 'de iure'" del Sáhara Occidental.
Por ello, el Parlamento aragonés considera "necesario" que tanto España como Europa comiencen a negociar con el Frente Polisario la instauración de relaciones comerciales y económicas.
Igualmente, exigen el "cese" de la "ocupación ilegal" por parte de Marruecos y "la liberación inmediata" de los "presos políticos y de conciencia saharauis", así como el fin de las "violaciones de derechos humanos".
A Naciones Unidas piden que "sin más dilación" promueva "una solución justa" al conflicto de la zona, entre otras vías a través de la ampliación de las funciones de su Misión para el Sáhara Occidental, MINURSO, de manera que abarque la salvaguarda de los derechos de la población saharaui.
A la UE solicita las Cortes que aplique la cláusula del Acuerdo Preferencial con el Reino de Marruecos que hace alusión al respeto a los derechos humanos, mientras que a España pide continuar e incrementar "el apoyo solidario" a la población refugiada en los campamentos de Tinduf.
No es la única petición al Gobierno español. Las Cortes de Aragón también plantean otorgar un "estatus diplomático" a la representación del Frente Polisario en España y promover las iniciativas políticas "necesarias" que busquen la solución del conflicto, lo que pasa por la celebración de un "referéndum libre y regular".
Hay también recomendaciones: a los medios de comunicación para que "traten el conflicto del Sáhara Occidental con la misma importancia que le confiere la sociedad" y a la ciudadanía en general para que denuncien la situación del pueblo saharaui mediante las redes sociales.
Los Intergrupos parlamentarios, en el cierre de la declaración, manifiestan que continuarán este año enviando misiones de observación.
