La comisión especial de estudio sobre el cierre de la central de Andorra acordó ayer, en su primera reunión de trabajo, solicitar al Gobierno de España, al de Aragón y a la propia Endesa «que concreten por escrito las medidas que se tienen previstas» ante el anunciado cierre de la instalación el año que viene. En el caso de la compañía eléctrica, la comisión solicitará «el plan de acompañamiento para la Comarca de Andorra-Sierra de Arcos».
Así lo expuso ayer el presidente de esta comisión de las Cortes de Aragón, Arturo Aliaga, tras una larga sesión en la que también se acordó el calendario inicial de comparecencias, con ocho previstas en una primera tanda. El próximo jueves, 17 de enero, acudirán los alcaldes de Escucha, Javier Carbó; Utrillas, Joaquín Moreno; Andorra, Sofía Ciércoles y Ariño, Joaquín Noé Serrano.
Tras los representantes de los municipios más directamente afectados por el cierre, el jueves siguiente, 24 de enero, comparecerán representantes de organizaciones empresariales y sindicales como CEOE, Cepyme, UGT y CCOO.
Según informaron las Cortes de Aragón, además del presidente del PAR -y Berta Zapater de su mismo grupo parlamentario- la comisión de estudio la integrarán Dolores Serrat y Ricardo Oliván por parte del PP; Julia Vicente y Leticia Soria por el PSOE; Marta Prades y Román Sierra por Podemos; Javier Vicente y Ramiro Domínguez de Ciudadanos; Gregorio Briz de CHA y Patricia Luquin de IU.
Pese a la premura de tiempo (quedan menos de tres meses para que se disuelvan las Cortes y se convoquen elecciones), y el mal precedente de no haberse puesto de acuerdo en su día para elaborar un comunicado conjunto de repulsa al cierre, los grupos confían en alcanzar un dictamen en esta comisión. Su objetivo es buscar soluciones y alternativas al cierre de la central térmica y sus afecciones al empleo en la zona, que algunas estimaciones fijan en más de 3.000 empleos, con indirectos.
