Las Cortes de Aragón aprobaron ayer una iniciativa de Ciudadanos en la que se reconoce «el alto compromiso social» de los abogados del turno de oficio de justicia gratuita y reclaman «actualizar al alza los baremos de retribución».

En la proposición no de ley se destaca también la contribución de estos profesionales «a garantizar la tutela judicial efectiva de los ciudadanos, independientemente de sus recursos económicos o situación de vulnerabilidad».

Los grupos políticos aprobaron que el Gobierno aragonés se dirija al estatal para que convoque «de forma inmediata» el Consejo Sectorial de Justicia, previo diálogo con los colegios profesionales afectados, al objeto de establecer unos criterios mínimos comunes entre las distintas comunidades autónomas».

Y, adicionalmente, abogaron por la «actualización al alza de los baremos de retribución de los servicios de justicia gratuita, acordando con los colegios profesionales implicados un horizonte temporal en el que su importe alcance el coste real del servicio».

El socialista Darío Villagrasa apostó por «el cambio de la ley estatal para tener un marco óptimo para trabajar», algo en lo que coincidió Carlos Gamarra, de Podemos. «Hasta que no tengamos una Ley de Justicia Gratuita estatal actualizada y que corrija los errores que existen, los letrados y los colegios seguirán sufriendo una serie de desmanes por parte de la Administración», afirmó Gamarra.

No fue la única propuesta relacionada con Justicia aprobada ayer. Las Cortes pidieron también a la DGA que destine 35.000 euros del incremento previsto en la partida presupuestaria de las subvenciones a los colegios profesionales de las cuentas de este año a financiar el servicio de orientación y atención jurídica penitenciaria (SOP), buscando para ello la fórmula jurídica necesaria.

El servicio nunca ha contado con financiación pública, al no estar incluída la asistencia jurídica a presos en las cárceles dentro de la justicia gratuita. Antes dependía de las subvenciones graciables de la DPZ, y hoy en día los abogados asumen el coste. El PSOE y CHA se opusieron al compartir «el fondo», pero ver un problema de competencias.