La Comisión de Hacienda de las Cortes de Aragón aprobó ayer por unanimidad una moción del PAR, defendida por la diputada Elena Allué, que insta al Gobierno de Aragón a que a su vez pida al de España reformar la Ley de Haciendas Locales, en un plazo máximo de dos meses, para adaptar la regulación de la plusvalía (impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, en su denominación oficial) a las últimas resoluciones del Tribunal Constitucional y el Supremo. Esto es, que solo procede cobrarla cuando ha habido incremento de valor en la transmisión del inmueble. La misma proposición no de ley también instaba al Gobierno de Aragón a que, a través del departamento de Presidencia, informe oficialmente a todos los ayuntamientos aragoneses que cobren la plusvalía sobre el contenido de las resoluciones y les conmine a adaptar sus ordenanzas fiscales a las sentencias, «así como se tenga en cuenta en el pago del impuesto el valor de compraventa real y no el de la referencia catastral, al resultar ésta más onerosa» a la hora de calcular el posible beneficio y por tanto, el impuesto. El Tribunal Constitucional, en una sentencia de mayo del año pasado, declaraba inconstitucional cobrar el impuesto por el incremento de valor del inmueble cuando no había tal incremento en la venta, algo que con la fórmula de pago vigente sucedía. Tras el fallo hubo algunas interpretaciones judiciales que sostenían que, declarada inconstitucional la regulación, no procedía cobrar el impuesto en ningún caso. Pero el Supremo aclaró finalmente que solo es improcedente cobrarlo cuando no hay ganancia, en otro caso sí.
