Las Cortes de Aragón han aprobado hoy por unanimidad una proposición no de ley en la que rechazan la amortización o el reagrupamiento de los actuales registros de la propiedad que implique un cierre de oficinas en el medio rural.
En la Comisión Institucional y de Desarrollo Estatutario, los grupos han debatido dos proposiciones no de ley defendidas por el PSOE y el PAR, cuyas propuestas han sido finalmente recogidas en un único texto.
Ante la posible modificación de las demarcaciones notariales planteada por el Ministerio de Justicia a los ayuntamientos, las Cortes de Aragón han instado al Gobierno autonómico a defender los intereses de la Comunidad de acuerdo con sus circunstancias "poblacionales y socioeconómicas".
En base a ello, han solicitado que se mantengan los actuales registros de la propiedad para garantizar la cercanía de los servicios públicos en el medio rural y se rechace la amortización de los registros que gestionen menos de 1.800 documentos al año, como en un principio se ha planteado.
El portavoz del PAR, Alfredo Boné, ha indicado que su formación no es "nada partidaria" de que se cercenen los servicios públicos a los vecinos del medio rural, que cada vez tendrán "menos razones" para vivir en los pueblos.
También el diputado del PSOE Carlos Tomás ha insistido en este argumento, al tiempo que ha recordado que la mayor parte de los ayuntamientos aragoneses consultados por el Ministerio han mostrado su rechazo a una posible amortización de los registros.
"Seamos contundentes y rotundos. No podemos tolerar que el medio rural pague la política de recortes", ha manifestado.
Por su parte, Gregorio Briz (CHA) y Patricia Luquin (IU) han asegurado que este planteamiento va encaminado a la "desaparición" y a la "privatización" de los registros, mientras que la diputada popular Mar Vaquero ha recordado que se enmarca en la revisión periódica del funcionamiento de los mismos que se lleva a cabo cada cinco años.
