Los grupos parlamentarios presentaron ayer un total de 141 propuestas de resolución, fruto de los asuntos tratados durante el debate sobre el estado de la comunidad de esta semana, para su votación en la Cámara el próximo jueves por la mañana. Unas propuestas coincidentes en muchos temas entre los grupos, como por ejemplo el mantenimiento de la central térmica de Andorra con una transición energética adecuada y una reconversión de la zona, que con matices solicitan todos los grupos.

Este año, las Cortes habían acordado limitar el número de iniciativas por grupo, pero aun fueron 47 del PP; 19 del PSOE; 34 de Podemos; 17 del PAR; 15 de Ciudadanos; seis de IU y cuatro de CHA, una de ellas presentada conjuntamente con el PSOE, para la implementación de políticas públicas con perspectiva de género.

No solo el carbón turolense fue un punto coincidente, ya que muchas de las propuestas de los grupos giran en torno a las políticas contra la despoblación, las infraestructuras -carreteras para Ciudadanos y el PP, quien también insiste en la TCP, o el Canfranc para casi todos-, la PAC, las instalaciones sanitarias o el ciclo del agua, ICA incluído.

Entre las solicitudes de medidas o planes concretos figuran cuatro de rechazo al Gobierno. Así, el PP pidió en una de ellas una «enmienda a la totalidad» del discurso del presidente Lambán, según fuentes del grupo, con la que piden que las Cortes lo rechacen por falta de realismo. Los populares también situaron entre sus principales peticiones una estrategia de despoblación y una llamada al Estado para dejar de apaciguar a Cataluña, preocupación que comparten con Ciudadanos.

Podemos, por su parte, presentó tres reprobaciones contra los consejeros Olona, Gastón y Soro, por diversos incumplimientos e inacciones que aprecian en su gestión.

Entre el resto de grupos, las propuestas del PSOE incluyen propuestas para la igualdad o el corredor Cantábrico Mediterráneo; las de IU, la activación de la aprobada ley de muerte digna y otros derechos sociales; las del PAR, clásicos como la prevención de políticas trasvasistas y diversas deudas nacionales con Aragón y las de CHA, la implementación del Aratren para conectar Zaragoza y su entorno o la profundización de la Ley de Derechos Históricos.

Precisamente Ciudadanos pide lo contrario, que el Gobierno la recurra ante el Constitucional, como va a hacer el PP.