El acuartelamiento Sancho Ramírez cerrará hoy definitivamente sus puertas tras una infructuosa oposición por parte de las familias afectadas, más de 300, y las fuerzas políticas de Huesca y la comunidad aragonesa. A última hora, tras el cambio en la cabeza del Ministerio de Defensa, cuando Pedro Morenés fue sustituido por Dolores de Cospedal, esta era la última esperanza de la ciudad. Sin embargo, la nueva ministra no hizo nada.
«La ministra no ha hecho nada por nosotros», manifestó ayer Patricia Novo, que encabeza la plataforma organizada en contra del cierre del cuartel. La representante de los afectados subrayó que, desde el pasado 1 de enero, cuando la clausura ya había empezado a llevarse a cabo con el traslado de los militares destinados en Huesca, ni el alcalde de la ciudad, Luis Felipe, ni el presidente de Aragón, Javier Lambán, mostraron mucho interés por el problema.
«Nos sentimos abandonados a nuestra suerte por la clase política», afirmó Novo, que aseguró que, al principio, hace dos años, cuando se desvelaron los planes del Ministerio de Defensa, el caso del cuartel Sancho Ramírez fue utilizado como baza electoral por los distintos partidos. «Una vez celebradas las elecciones, su interés por la instalación y los trabajadores decayó», aseguró.
Sin embargo, Novo reconoció que recientemente Gonzalo Palacín, diputado por el PSOE en el Congreso, consiguió que se aprobara una proposición no de ley de apoyo al cuartel Sancho Ramírez.
SIN RESPUESTA
Fuentes del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Huesca señalaron ayer que el alcalde de la ciudad ha tratado en vano de reunirse tanto con Mariano Rajoy como con Pedro Morenés y Dolores de Cospedal. «En ningún caso han respondido a su petición, aunque la ministra de Defensa dijo hace un mes que tenía pendiente una reunión sobre el asunto del acuartelamiento oscense.
Asimismo, las mismas fuentes indicaron que el PSOE presentó varias iniciativas en el Congreso en las que obtuvo el apoyo de Podemos.
Por otro lado, el proceso de vaciado del cuartel ha proseguido durante todo el mes de marzo y no se descarta que se tenga que prolongar algo más. No obstante, el traslado de los efectivos ya se realizó antes del pasado 1 de enero. En su mayor parte, fueron destinados a Zaragoza, que absorbe así tanto la función como la plantilla que existía en Huesca.
De momento, la instalación permanece vigilada y seguirá estándolo para evitar actos de vandalismo, hasta tanto los edificios reciben un nuevo uso.
El cierre del Sancho Ramírez supone un duro golpe para Huesca, que perderá alrededor de ocho millones de euros anuales, el movimiento generado por las necesidades de aprovisionamiento y servicio de la unidad militar, según un estudio de la Cámara de Comercio de la provincia.
