El coste del servicio de atención telefónica del Ayuntamiento de Zaragoza, el 010, pasará de costar 344.357 euros anuales a 527.486, un 47% más que hasta ahora. Este incremento está motivado por la actualización del convenio laboral, ya que desde el 1 de enero las 14 empleadas están encuadradas en el municipal de personal laboral (hasta ahora estaban en el del contact center), lo que provoca una mejora de sus condiciones y un aumento en el gasto de 183.129 euros.

El Gobierno de Zaragoza aprobará mañana la «aplicación» del convenio colectivo municipal zanjando de forma definitiva uno de los mayores culebrones de la pasada legislatura que acabó judicializado. Zaragoza en Común (ZeC) intentó por todos los medios municipalizar este servicio con el propósito de mejorar las condiciones laborales de las empleadas y porque estaba convencido de que resultaría más barato.

La situación de las empleadas al frente de este servicio ciudadano mejoró una vez que el consistorio asumió de forma directa su gestión. Lo hizo después de que Pyrenalia, empresa encargada de su gestión, decidió romper su relación contractual con el consistorio en julio del 2017, de manera que el ayuntamiento pasó a prestarlo de forma directa.

PREVISIONES / Las cifras reales del coste de la gestión del 010 distan mucho de las que en su día ofreció el entonces concejal de ZeC de Servicios Públicos, Alberto Cubero (ahora en la oposición).

En el 2014, cuando se licitó, ascendía a 324.985 euros. Según los cálculos del entonces concejal, el gasto se reduciría notablemente si se internalizaba la gestión porque el consistorio se ahorraría el beneficio industrial que recibía la concesionaria. Para demostrarlo se barajaron tres alternativas de integración en las que el resultado siempre era satisfactorio.

La más barata pasaba por mantener las tablas salariales intactas, de manera que el coste se reduciría hasta los 268.260 euros. Si se incluían nuevas figuras profesionales se elevaría a los 380.054 y si la absorción era directa a los 420.985. Este era el peor de los escenarios y el que finalmente se eligió. La realidad es que la cifra definitiva va a dispararse hasta los 547.486 euros al año, un 30% más que la previsión más elevada que hizo el anterior Gobierno de ZeC.

Por sentencia judicial, las 14 empleadas son personal laboral indefinido no fijo y pasan a encuadrarse en el convenio colectivo municipal. Así lo dictó el juzgado de lo social en febrero del 2018, después de que llevasen meses trabajando para el ayuntamiento. Entonces, el Gobierno de la ciudad pactó con los sindicatos una subida salarial del 20%, elevando ya el coste del servicio hasta los 344.353 euros.

Después, y también por decisión de un juez que dio la razón a seis trabajadores y que el actual Gobierno hizo extensible el resto, se acordó que estas mejoras tenían que aplicarse desde el 1 de junio del 2018, en lugar desde septiembre, y hacerse extensibles a todas las empleadas.