Según recordó el consejero Bermúdez de Castro, la financiación del servicio de justicia gratuita ha multiplicado su coste en un 53% en seis años, desde los 2.858.843 euros con los que se mantenía en el 2008 hasta los 4.394.065 que costó el año pasado. Es decir, con las tasas no bastaría para mantenerlo pero supondrían un gran alivio para las arcas autonómicas. Pese a ello, según recordó el consejero --y confirmaron fuentes del Colegio de Abogados de Zaragoza--, la DGA se ha puesto al día en el pago del servicio.