La aprobación por parte del Gobierno de un real decreto que exige la cotización a la Seguridad Social de todas las prácticas obligatorias de las universidades supondría, según los cálculos iniciales de la Universidad de Zaragoza, un desembolso de más de 2 millones de euros para el campus público aragonés. La medida, que ha puesto en pie de guerra a los rectores de todas las universidades por haberse aprobado «de forma sorpresiva y sin consulta previa», conllevaría la mayoría de las cotizaciones en la rama de Ciencias de la Salud y Magisterio.
En ambas, los estudiantes (futuros médicos o enfermeros y profesores) tienen que realizar prácticas curriculares obligadas en el plan de estudios y que, con este decreto, tendrían que ser dados de alta en la Seguridad Social aunque sean prácticas obligatorias no remuneradas. Desde la Universidad de Zaragoza, tal y como se expresó a través de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), se está a la expectativa de ver cómo se soluciona la situación y quien asumirá la cotización.
Desde la CRUE se reclamó al Gobierno la apertura de «una mesa de diálogo» para abordar la situación. El decreto también afecta a estudiantes de máster y de Formación Profesional de grado medio o superior que realicen prácticas externas.
