La tensión del mercado laboral se respira en la calle, en los negocios, en los hogares...y tiene un claro reflejo en las cifras. Aragón destruyó cada día 63 puestos de trabajo en el 2020 y cerró el año con 23.100 empleos perdidos (-3,91%), el cuarto peor registro nacional. El dato, publicado ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE), es la confirmación del fuerte impacto que ha ocasionado el covid en la comunidad desde que la pandemia comenzó a hacer golpear en marzo pasado. Además, la crisis sanitaria elevó en 15.900 el número de parados en el último año. Se trata de un repunte del 24,36%, lo que coloca a la comunidad como la cuarta región donde más aumentó el desempleo en el 2020. Son casi ocho puntos por encima de la media nacional.

Pero la Encuesta de Población Activa (EPA) no contabiliza a los afectados por un expediente de regulación de empleo (erte) como parados, por lo que el impacto de la pandemia roza en Aragón las 100.000 personas. Este grupo alcanzaba, según los últimos datos de diciembre, los 18.219 trabajadores en la comunidad.

De esta forma, la tasa de paro roza el 12,5% o lo que es lo mismo, casi 13 de cada 100 aragoneses que están en edad de trabajar no tienen empleo. Pero si hay un sector de la población que se ha visto especialmente castigado este año esos han sido los jóvenes, ya que 34 de cada 100 menores de 25 años no encuentran trabajo, según la EPA. Las mujeres también han sufrido de forma muy intensa el castigo de la pandemia. Todos los puestos destruidos en el cuarto trimestre estaban ocupados por ellas. En definitiva, el paro bajó entre los hombres en 1.200 desempleados (-3,34%) mientras que entre el colectivo femenino creció en 5.700 personas, un 14% más. En el conjunto del 2020 había 46.400 aragonesas desempleadas (el 57,21% del total) frente a 34.700 aragoneses desempleados, el 42,79%. La crisis abre todavía más la brecha.

La dramática situación del mercado laboral también tiene sus consecuencias en el seno de las familias aragonesas. Un total de 27.100 hogares tienen a todos sus miembros en el paro, 8.600 más que hace un año, mientras que 17.400 familias no tienen ningún ingreso, 5.700 más que al cierre del 2019. Se trata de un 48,7% más que a finales del 2019.

Por tanto, la EPA del 2020 deja varias conclusiones desde la perspectiva social. La primera es que los jóvenes siguen sin perspectivas de futuro y ven crecer su incertidumbre laboral. La segunda, que la brecha entre hombres y mujeres crece. Y la tercera muestra que hay demasiados hogares que viven ya al límite. Sin ingresos.

Ante este escenario, los sindicatos han alertado de la necesidad de adoptar medidas para mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores y pensionistas. CCOO reclama que se ponga en marcha una agenda sociolaboral para atender los problemas que «están asfixiando a la ciudadanía». UGT ve necesario activar ayudas para la supervivencia de las empresas e implementar los fondos de reconstrucción para que activen proyectos que creen empleo.

Ambos sindicatos saldrán a la calle en febrero bajo el lema Ahora si toca para exigir medidas que mejoren el poder adquisitivo de los trabajadores y pensionistas. Otro de las objetivos de la movilización será la supresión de los aspectos más lesivos de la actual reforma laboral que «cronifica la precariedad y la temporalidad».

Los servicios, a peor

Sin duda, el sector más perjudicado fue el de los servicios. Los confinamientos perimetrales y las restricciones en la hostelería y el comercio, así como el cierre de todas las estaciones de esquí, salvo la de Astún, han sido obstáculos insalvables para miles de negocios, lo que se tradujo en la pérdida de 27.100 empleos en el 2020 (-6,73%). La ocupación también se reducía en otoño un 8,02% anual en construcción, que perdía 3.200 empleos. Sin embargo, la industria aguantó el tipo con la incorporación de 6.400 empleados mientras que agricultura sumó 800.

Desde CEOE Aragón alertaron, tras conocer los datos del INE, de que la negativa evolución del mercado laboral deriva en una «gravísima afección» sobre las empresas y la actividad económica privada, especialmente en los sectores que ven totalmente condicionada su actividad por las restricciones. En concreto, la patronal señala que los ocupados del sector privado se han reducido en Aragón en 37.200 personas respecto al cierre del 2019, quedando en 453.600. Además, cifra la pérdida de empresas en 1.300 hasta noviembre, según los últimos datos facilitados por la Seguridad Social. Otras 5.081 compañías estaban inmersas en un erte en diciembre. En contraposición, CEOE Aragón denuncia que el sector público ha sumado 14.100 ocupados hasta alcanzar el máximo histórico de 114.500 empleados de las diferentes administraciones en Aragón.

Para Cepyme la carga de deudas e impuestos que arrastran las pequeñas empresas «ya no pueden soportar» y «la situación no mejora». E insisten en que «no se puede culpabilizar ni estigmatizar a la actividad económica».

Si algún consuelo queda es el incremento de la población activa en 4.200 personas, un argumento al que se agarró la consejera de Economía, Marta Gastón, para apuntar que el dato «se traduce en expectativas para quienes demandan empleo». También consideró que aunque las cifras son malas las esperaba peores. No obstante, reconoció que aunque hay «voluntad de las administraciones, las posibilidades de empleo son bastante limitadas».