El Consejo de Ministros, a propuesta del ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha aprobado hoy un Real Decreto por el que se crean un total de 282 plazas de jueces y magistrados, cinco para Aragón y, dentro de las medidas de lucha contra la corrupción, dos de ellas serán para la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

Con las 282 nuevas plazas se pretende adecuar la planta judicial a las necesidades actuales existentes en la Administración de Justicia y contribuir a la lucha contra la corrupción. Según el Ministerio de Justicia, la asignación de las plazas se ha llevado a cabo en sintonía con las necesidades señaladas por el Consejo General del Poder Judicial y los tribunales superiores de Justicia, y ha sido consensuada con las comunidades autónomas.

Del total de plazas, que serán efectivas desde el próximo 1 de enero, 167 se corresponden con la categoría de juez de adscripción territorial, lo que permitirá agilizar la Justicia al evitar la interinidad en el desempeño de estas funciones porque, además, serán realizadas por miembros de la carrera judicial. El resto, 112 más, tienen como objetivo aumentar los efectivos en distintos órganos colegiados: 108 pertenecen a distintas audiencias provinciales, 2 a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana y otras 2 a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

De este modo, asegura Justicia, "se refuerza la actuación de jueces y magistrados en el orden penal, y en concreto, su lucha contra la corrupción impulsadas por el Gobierno con el fin de la que la justicia sea cada vez más rápida y eficaz". Además, se crean tres nuevos juzgados de lo penal en Huesca, Palma de Mallorca y Tortosa.

Las 108 plazas en las audiencias provinciales se podrán distribuir en secciones de cinco o más magistrados, lo que contribuirá a la celebración de más juicios, a reducir los tiempos de espera y facilitar la unificación de criterios. Por su parte, Justicia cree que la creación de 167 plazas de juez de adscripción territorial ofrece "gran flexibilidad a la hora de cubrir ausencias y vacantes en los órganos judiciales de manera profesionalizada".

Además, permitirá la colaboración con aquellos tribunales que, en un momento dado, puedan encontrarse sobrecargados o necesitados de una especial medida de refuerzo. Esta es la mayor creación de plazas judiciales de los últimos 25 años, ya que hay que remontarse a 1989 para encontrar una cifra similar, 303.

Según informa Justicia, próximamente se elevará a Consejo de Ministros una medida similar para la ampliación de la plantilla orgánica del Ministerio Fiscal, de tal manera que se intensifiquen los mecanismos de control que garanticen una pronta respuesta ante la lacra de la corrupción. Además, el Ministerio ultima los detalles del anteproyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que agilizará los procesos penales.

Las plazas se han asignado teniendo en cuenta el índice de litigiosidad y la población de cada comunidad autónoma. Por otro lado, el Consejo ha aprobado el módulo de distribución de las subvenciones a los juzgados de paz, por un monto total de casi 2 millones de euros en 2014. La cuantía oscila entre los 308 euros anuales para los municipios de entre 1 y 499 habitantes, a los 2.214 para los de más de 7.000. Para las comunidades que no tienen transferida la Justicia se aportará 100.566 euros a Baleares, 959.834 a Castilla y León, 582.210 a Castilla-La Mancha, 287.540 a Extremadura y 64.057 a Extremadura.