La crecida del Ebro ha dejado un saldo de 19.000 hectáreas inundadas, 14.000 de ellas de cultivos, lo que ha provocado daños por valor de 25 millones de euros como consecuencia de la pérdida de las cosechas, así como de los desperfectos en infraestructuras privadas o colectivas.

Son los datos que ha ofrecido esta tarde el consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón, Joaquín Olona, tras una reunión con los responsables de las organizaciones agrarias, a quienes ha comunicado que va a poner en marcha un plan de indemnizaciones complementario al cobro del seguro agrario.

Sin embargo, las superficies que no estén aseguradas, que podrían ascender a un 10 por ciento del terreno anegado por agua en la ribera del Ebro, quedarán fuera de este paquete de ayudas del Ejecutivo Autonómico.

"Las indemnizaciones son un dinero público y lo justo es que se canalicen en los que hacen lo que deben", ha explicado a los medios el consejero, quien ha señalado que desde el inicio de la legislatura ha recomendado a los agricultores y ganaderos que contraten una póliza de seguro agrario.

Olona no ha aclarado de dónde saldrá el dinero necesario para cubrir las indemnizaciones, pero ha manifestado su "compromiso" públicamente de que se entregará a los beneficiarios.

El responsable de Desarrollo Rural ha aprovechado su intervención para destacar que durante el plan de emergencia se evacuaron un total de 50.000 animales correspondientes a 62 granjas de la comunidad.

Según el consejero, en cinco instalaciones agrícolas fue imposible realizar la extracción de las cabezas de ganado, pero se desplegó un dispositivo para atender a los animales en el lugar donde quedaron atrapados.

En cuanto a la situación de la granja de Villafranca de Ebro (Zaragoza), en la que quedaron atrapados 2.400 cerdos y que se ha saldado con un total de 94 bajas, Olona ha achacado la responsabilidad a la empresa integradora.

"Los problemas no son atribuibles al ganadero que hizo todo lo que tenía que hacer para que no se produjera la situación, sino que es achacable al propietario de los animales", ha sentenciado.

Además de este incidente, el consejero ha calculado que 600 lechones fallecieron en una granja de Tauste como consecuencia de la riada del río Arba y 200 ovejas murieron en las instalaciones de Codos.

El intento de rescate de estas últimas provocó el fallecimiento del pastor Manuel Jesús Lázaro, una pérdida que Olona ha calificado como "el mayor daño" provocado por la crecida del Ebro.

Por su parte, las organizaciones agrarias han mostrado su conformidad con el modelo de indemnizaciones que ha propuesto el Gobierno de Aragón así como con el plan de emergencias, aunque han reivindicado medidas que garanticen una mayor previsión ante futuras avenidas del río.

El secretario general de la Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón (UAGA), José Manuel Penella, ha reclamado que se solicite al Gobierno Central y a la Unión Europea la declaración de "desastre natural" en las zonas afectadas para poder compatibilizar las indemnizaciones con otro tipo de ayudas, como las de excepcionalidad recogidas en la PAC.

"Damos el año por perdido porque estamos a final de abril y en julio no se puede reiniciar un curso agrícola", ha indicado Penella, quien ha destacado que los cultivos de alfalfa, cereal de invierno, hortaliza y maíz son los más afectados.

Desde la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores de Aragón (ASAJA) han pedido una mayor coordinación entre las administraciones y que se amplíen las partidas presupuestarias destinadas al medio rural para poder construir nuevas infraestructuras.

"Hacen falta muchos más embalses", ha explicado el secretario general de la asociación, Ángel Samper, quien ha recordado que instalaciones como la de Mequinenza ha impedido que las consecuencias de la crecida se hayan trasladado también a Cataluña.

Por su parte, el presidente de la Asociación Regional de Agricultores y Ganaderos de Aragón (ARAGA), Jorge Valero, ha reclamado que se pongan en marcha planes de limpieza en el río para impedir que se produzcan las crecidas de forma habitual.

"Las grabas se han sacado siempre, el problema es cuando se ha prohibido hacerlo a causa de un falso ecologismo que en realidad perjudica al río", ha indicado.

En ese sentido, todas las organizaciones han manifestado que las tareas de laminación de los cauces que se han realizado desde la riada de 2015 han impedido que el desastre haya sido peor