La crisis de la térmica de Andorra, de la que depende el 40% del PIB de la provincia de Teruel, camina con paso firme hacia un gran agujero negro. La reunión mantenida ayer en la DGA entre la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, el presidente Javier Lambán y los agentes sociales y políticos de las cuencas mineras arrojó pocas novedades después de que la pasada semana Endesa no concretara el plan que prevé acometer para compensar el cierre de la central. Mientras, los sindicatos y los alcaldes de la zona urgen acelerar el paso en esta crisis. Insisten en que la mejor garantía de futuro para la comarca es que la térmica siga abierta y van a seguir luchando por ello. También saben que eso es casi imposible, por lo que piden que la manida reindustrialización se ponga en marcha cuanto antes.

La ministra aún no había visitado Aragón desde que Endesa confirmó el pasado 15 de noviembre que la térmica dejará de funcionar en junio del 2020. Su viaje se había pospuesto más de una vez, por lo que las expectativas en relación a su visita habían crecido entre los casi 600 trabajadores que dependen directamente de la central y los otros 3.000 empleados indirectos.

UN ‘CANUTAZO’ DE 8 MINUTOS

Sin embargo, el encuentro arrojó pocas novedades más allá de que la ministra reiteró, como ya hizo el pasado 16 de noviembre, que no autorizará el cierre de la térmica hasta que la eléctrica ponga encima de la mesa un plan de compensación que garantice «que el territorio no se quede atrás». Ribera, por cierto, atendió a los medios durante ocho minutos exactos y solo aceptó dos preguntas amparándose en que no llegaba al AVE de regreso a Madrid.

Quizá, la mayor novedad fue el anuncio de que la ministra visitará Andorra en enero, cuando se celebrará una reunión con todos los agentes implicados y se analizarán las propuestas que debe trasladar Endesa para paliar los efectos del cierre de la térmica.

El anuncio fue bien recibido por los alcaldes y los sindicatos, que habían solicitado que la visita de ayer a Aragón de la ministra se produjera en Andorra para que comprobara sobre el territorio los efectos que tendría el cierre de la planta en el 2020.

No obstante, los agentes sociales y políticos de la zona también temen que este proceso se esté alargando más de lo debido. Ahora esperan que la reunión de enero sea más decisiva. Y quizá allí esté el quid de la cuestión, en que la capacidad de acción y el poder de influencia del ministerio en este momento del partido ya es limitado.

En este sentido, los sindicatos insisten de nuevo en que la única forma de salvar la térmica es que el ministerio «obligue» a Endesa a invertir los 190 millones que necesita la planta para adaptarse a la nueva normativa europea de emisiones. Pero también saben que eso es casi imposible porque el ministerio debería cambiar radicalmente su política energética e incluir el carbón en el mix nacional, algo impensable actualmente tras los mensajes antilignito de Ribera.

Cuando insistió en que su departamento no dará el visto bueno al cierre si no hay un plan de futuro para Andorra, la ministra lanzó una advertencia velada a la eléctrica: «Si quiere seguir siendo importante en el panorama energético español, la autorización de cierre solo se puede plantear si se acompaña de un plan de inversiones que garantice que las personas de las comarcas de las que ha estado obteniendo beneficios durante mucho tiempo no se van a quedar atrás». Unas palabras que podrían ser interpretadas como un aviso para navegantes. A nade se le escapa que mantener unas buenas relaciones insititucionales con la administración es fundamental para cualquier empresa energética.

PREOCUPACIÓN

No obstante, aún es pronto para saber cómo de estricto se pondrá el ministerio con Endesa. Ayer, Ribera no concretó qué garantías o requisitos va a exigir a Endesa. Simplemente insistió en que las inversiones deben garantice que el territorio no se quede atrás.

Sea como sea, lo que realmente preocupa en la comarca es que el propio consejero delegado de la eléctrica, José Bogas, reconociera la pasada semana que el plan de acompañamiento no permitrá compensar «toda la actividad» que generaban la térmica y el carbón en Andorra.

Por otra parte, Lambán insistió en estudiar todas las fórmulas posibles para intentar alargar la vida de la central y, de esta forma, ganar tiempo para ir implantando un plan de reindustrialización y atraer empresas a la zona. Para ello, la planta tendría que limitar su actividad a 1.500 horas y solo funcionaría cuando el sistema eléctrico nacional así lo requiriera.

A este respecto, la ministra dijo que se estudiarán «todos los planteamientos» aunque siempre «dentro de los márgenes del derecho comunitario».

Con todo, los sindicatos ya ven esta opción como «un mero parche». A fin de cuentas, con esa fórmula Endesa podría paralizar casi la actividad y dejar morir la central, lo que generaría despidos en las contratas.

LAS AYUDAS DE LA UE

Los sindicatos y los alcaldes de la comarca también pidieron a Ribera que el ministerio trabaje para que Aragón capte las nuevas ayudas para la descarbonización que anunció la Unión Europe. «Que Andorra se incorpore a la plataforma de regiones carboníferas y se pueda cerrar un buen programa que cuente con financiación de la Comisión Europea es clave. Nuestro objetivo es que nadie se tenga que irse de allí porque no resulte una opción que le resulte convincente», dijo la ministra.