El coronavirus va a dejar secuelas que serán difíciles de salvar a corto plazo, y no solo sanitarias, que también. Las instituciones públicas han volcado todos sus esfuerzos en combatir el virus y en cubrir todas las necesidades sociales que esta provocando el dichoso covid-19 pero que se arrastrarán de forma indefinida fruto de la crisis económica que ha ocasionado la paralización del país, con un goteo de ERTEs y despidos sin precedentes.
El Gobierno de Zaragoza ya ha pedido a sus servicios que estimen el impacto que está teniendo la crisis, el gasto extra generado desde que se decretó el estado de alarma y la caída de ingresos que van a sufrir las arcas municipales. Hace un par de semanas, el alcalde, Jorge Azcón, ya hablaba de 15 millones, que serán más cuando acabe el confinamiento y la ciudad empiece a recuperar la normalidad. Esto va a tener sus consecuencias en el presupuesto del 2020, que tendrá que repensarse, y en los proyectos que tenía en mente impulsar Azcón, como el de La Romareda.
El capítulo de inversión ya era bastante discreto, con 49 millones para gastar y que ya resultaban ajustados para las necesidades de la ciudad. Pero el coronavirus lo ha cambiado todo y fuentes del Gobierno aseguran que todos los servicios van a tener que ajustar su presupuesto.
Azcón reunió al Gobierno de Zaragoza el pasado martes para dejar clara cuál es la directriz: hay analizar las consecuencias que está teniendo en las arcas públicas la crisis económica y empezar a definir los cambios que habrá que hacer en el proyecto presupuestario. El alcalde lo tiene claro, hay que establecer prioridades y este es el mensaje que lanzó en el encuentro. Además de los gastos extra, el consistorio tiene que ajustar la previsión de ingresos inicial. Para empezar, Hacienda tenía previsto ingresar hasta 40 millones de la enajenación de patrimonio. Una cifra difícil de alcanzar en tiempos de crisis.
PROYECTOS / El concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, no quiere aventurarse aunque admite que peligran proyectos que dependen de su área, como la prolongación de Tenor Fleta. Las cuentas del 2020 incluían los 1,8 millones que tiene que invertir el consistorio para realizar su parte. Sin embargo, Adif y Alta Velocidad, titulares de los cajones, también tienen que estar dispuestos a seguir adelante e invertir el millón de euros que les corresponde para acondicionar el paso superior y el centro de transformación. «Si me dicen que quieren continuar, yo lo haré, pero no tenemos la firma», señaló Serrano, que destacó que la obra crearía cien puestos de trabajo. Esta dependencia del Gobierno central va a ocasionar más problemas todavía al consistorio, que tiene proyectos a medias con la Administración General del Estado. Como le sudece al resto de entes locales.
Sucede también con el futuro de la avenida Navarra. Antes de la crisis del coronavirus ya estaba en cuestión. Azcón reclamó a principios de año al Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana que se implicase con la reforma integral al tratarse de un tramo de la Nacional 232, cedido a la ciudad hace años. Un llamamiento que se quedó en papel mojado. No obstante, el consistorio había presupuestado 330.000 euros para ejecutar obras en un tramo que deberían empezar después del verano. Habrá que ver hasta donde llega la resaca del covid-19.
En peligro se encuentra también la reforma de un tramo de la avenida Cataluña, para la que se habían reservado 400.000 euros. Sus vecinos ya han perdido la cuenta de los años que llevan reclamando los trabajos y posiblemente tengan que añadir otro más a su calendario.
EN EL AIRE / El primer edil, que desde la oposición criticó la falta de inversión en aceras y calzadas, había reservado 2 millones para una operación asfalto en condiciones que podría verse afectada. El presupuesto cuenta con otros dos millones para la renovación de tuberías que es posible que sufra la misma suerte y con 1,4 para la renovación del alumbrado público.
«Antes de tomar decisiones tenemos que saber a cuánto asciende el agujero económico», explicó Serrano, que dejó bien clara una cosa: todas las instituciones tienen la obligación de trabajar en la reactivación de la economía y qué mejor forma que fomentar el sector de la construcción. «Tenemos que lanzar estímulos económicos cuando superemos la crisis del coronavirus y las obras de urbanización e infraestructuras son las que más puestos de trabajo generan y ahora es urgente volver a crear empleo», concluyó.
Serrano dice que están «recalculando la ruta». Lo está haciendo Zaragoza y el resto de Administraciones pública sobrepasadas por la covid-19.
