La sesión vespertina del Pleno de las Cortes de Aragón se ha visto hoy alterada a cuenta de un debate sobre el servicio de atención social a las víctimas de la violencia machista, en el que los diputados han intercambiado reproches y acusaciones.
La consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, María Victoria Broto, ha comparecido a petición del PP para explicar los "recortes" de la Consejería en el citado servicio, que se renovó en mayo.
La diputada del PP, Ana Marín, ha relatado que justo cinco días después de la adjudicación a la empresa Atenzia del servicio, ésta despidió a cinco trabajadoras sociales y decidió cerrar los puntos de atención de Calatayud, Barbastro y Alcañiz, manteniendo los de las tres capitales de provincia.
La consejera ha asegurado que el servicio se licitó en idénticas condiciones al de 2015, cuando gobernaba el PP, y entonces la empresa ofreció como mejora ampliar los puntos de atención que se exigían (las tres capitales de provincia) a Barbastro, Calatayud y Alcañiz, cuestión que no ha ofrecido ahora, a pesar de lo cual Atenzia ha vuelto a obtener la mayor puntuación.
Pero el departamento ha propuesto a la adjudicataria continuar con el personal asignado en el contrato para que no se produzcan bajas de personal, y la consejera ha asegurado que se ha firmado un contrato complementario para mantener el nivel de atención y poder complementar los servicios allí donde se produzca un repunte de las necesidades.
El PP no se cree que este contrato esté firmado, según ha dicho la diputada, y la portavoz popular, Mar Vaquero, ha pedido la palabra para exigir su exhibición antes del fin de la sesión plenaria, lo que ha generado abucheos entre la bancada socialista.
Broto ha insistido en que el problema está solucionado, pero hasta la presidenta de las Cortes, Violeta Barba, se ha visto obligada a intervenir en varias ocasiones para pedir calma y recordar que existe un procedimiento legal para pedir documentación y otro para que los grupos soliciten el amparo de la Mesa de las Cortes si piensan que sus derechos han sido menoscabados.
Marín ha considerado que el Gobierno es "tan opaco", que si el contrato se ha firmado, "ni la oposición se ha enterado".
Desde los grupos de la izquierda se ha reprochado a los populares que reclamen ahora estas cuestiones cuando el contrato tiene la misma dotación que en la legislatura pasada y cuando ha sido este Gobierno, según la socialista Pilimar Zamora, quien ha incrementado un veinte por ciento el presupuesto del IAM respecto a 2015.
Es de un "cinismo tremendo" que el PP pregunte a este Gobierno por recortes, ha insistido la diputada del PSOE, mientas que por IU, Patricia Luquin ha dicho que a los populares les debería "dar vergüenza" utilizar este discurso cuando en los presupuestos generales del Estado las partidas destinadas a la lucha contra la violencia machista son aún un once por ciento inferiores a las de 2010.
Luquin ha mostrado su enojo por la "frivolidad" que a su juicio supone "poner a las muertas sobre la mesa" a cuenta de la firma o no de un convenio, y ha achacado los problemas surgidos a la tendencia a privatizar servicios esenciales.
También Marta Prades, de Podemos, ha insistido en recuperar la gestión directa del servicio y ha coincidido en pedir al PP que traslade este discurso al Congreso de los Diputados.
La consejera Broto, finalmente, ha mostrado su tristeza por constatar que siempre la mayor crispación en el Parlamento autonómico "tiene que ver con temas relacionados con la mujer", lo que demuestra que "no es cierto" que se haya avanzado en igualdad.
