La consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, María Victoria Broto, compareció a petición del PP para explicar los «recortes» del departamento en el citado servicio, que se renovó en mayo.

La diputada del PP Ana Marín relató que justo cinco días después de la adjudicación a la empresa Atenzia, esta despidió a cinco trabajadoras sociales y decidió cerrar los puntos de atención de Calatayud, Barbastro y Alcañiz, manteniendo los de las tres capitales de provincia.

La consejera aseguró que el servicio se licitó en idénticas condiciones al de 2015, cuando gobernaba el PP, y entonces la empresa ofreció como mejora ampliar los puntos de atención, cuestión que no ha ofrecido ahora. Sin embargo, el departamento propuso continuar con el personal asignado en el contrato. Dijo además que se ha firmado un contrato para mantener la atención.

El PP no confió en que esté firmado, según dijo la portavoz popular, Mar Vaquero, que pidió la palabra para exigir su exhibición antes del fin de la sesión, lo que generó sonoros abucheos entre la bancada socialista. La presidencia de la cámara, Violeta Barba, tuvo que recordar que existe un procedimiento para la petición de documentos.