El sindicato STAZ criticó ayer públicamente la «caza de brujas» a la que se han visto sometidos varios agentes de la Policía Local de Zaragoza, tras más de un año de investigación interna por un supuesto hostigamiento a los manteros que, como publicó EL PERIÓDICO, ha quedado archivada sin consecuencias. El sindicato tuvo conocimiento oficial del infructuoso cierre de las pesquisas municipales ayer.

De hecho, la resolución lleva fecha del pasado viernes, 12 de abril, pero el máximo responsable del área de Personal, el concejal de Servicios Públicos Alberto Cubero, no informó del cierre este lunes, 15, pese a ser preguntado por ello en comisión.

El asunto ha sido uno de los que mayor fricción ha creado entre el equipo de Gobierno de Zaragoza en Común y la plantilla y los sindicatos del cuerpo municipal de seguridad, que traducían la investigación como una falta de apoyo por parte del consistorio. Los denunciantes les atribuían actuaciones muy graves, desde el hostigamiento a los vendedores al decomiso de mercancía para su propio beneficio.

Es cierto que las conclusiones del expediente de información reservada, a las que tuvo acceso este diario, no distan mucho de lo que los sindicatos venían sosteniendo desde el primer momento. Por ejemplo, que la mayoría de las 17 actuaciones que denunció la Asociación de Inmigrantes Senegaleses de Aragón (AISA) habían «tenido reflejo en partes o atestados documentados debidamente», sin detectarse anomalías, en algunos casos previo paso por los tribunales, donde tampoco se observaron delitos.

Y en los casos en que no se había dado parte previo ni denuncia penal, «no se han aportado pruebas suficientes» de irregularidades. El documento recoge un caso concreto en el que al parecer el denunciante había señalado a uno de los intervinientes como policía de paisano, lo cual «no ha quedado acreditado».

El servicio de Relaciones Laborales tampoco ve pertinente que testifique el representante de Derechos Civiles del 15-M que acompañó al miembro de AISA a interponer la denuncia, pues sería un testigo de referencia, no directo.

Con todo esto, y «no apreciando la existencia de responsabilidades por incumplimiento de deberes funcionariales», el servicio municipal cierra la investigación interna sin más consecuencias.

Las que están pendientes de determinarse serán las penales pero para el denunciante inicial, pues el citado STAZ se querelló contra Idrissa G., portavoz de AISA, por calumnias. También lo hizo contra el representante del 15-M, pero la jueza instructora le exoneró al ser un mero acompañante. El caso está pendiente de juicio, una vez que al menos este sindicato formuló acusación en la causa.

La entidad lamentó la situación en la que han tenido que verse los «más de 25 agentes» implicados en estas presuntas irregularidades durante más de un año (el expediente se abrió el 23 de marzo del año pasado) sin tener acceso al estado de la causa precisamente por ser una información reservada. El sindicato llega a calificarlo como «una de las vergüenzas más deleznables que ha tenido que soportar la Policía Local de Zaragoza en sus casi 170 años de historia».