El Justicia de Aragón, Fernando García Vicente, tras recibir el pasado 20 de marzo una queja de una paciente, ha remitido una sugerencia al Departamento de Sanidad de la DGA donde le pide que adopte "las medidas oportunas" para evitar la situación reflejada por esta mujer, que sufrió un retraso de mes y medio para una prueba diagnóstica.
La pacientes de 83 años sufría fuertes dolores de riñones y acudió el pasado 1 de febrero a Urgencias del hospital Militar de Zaragoza, donde "solo" con goteros cesan su malestar. Según el escrito de la institución, tras distintas visitas posteriores, no fue derivada al reumatólogo hasta el 13 de marzo sin practicarle ninguna prueba diagnóstica más que una analítica y una radiografía, ya que dicho centro hospitalario no dispone de resonancia magnética.
En un principio se le dice que sufre una lumbalgia y los interesados desconocen los trámites administrativos precisos para que se proceda a la derivación de un paciente a un especialista pero, ante la espera de una patología definitiva, la paciente y sus familiares optan por realizar una prueba en una clínica privada, donde le comunican que sufría un aplastamiento de vértebras y no una lumbalgia, como le habían comentado.
Todo ello por no poder realizar en principio un TAC en el hospital Militar y tener que permanecer con posterioridad un largo periodo de tiempo en lista de espera del hospital Miguel Servet para acceder a dicha prueba diagnóstica", precisa el Justicia.
García Vicente recuerda que es el propio Salud el que regula, por el decreto Decreto 116/2009, del Gobierno de Aragón, los plazos máximos de respuesta en la asistencia sanitaria, que, para las primeras consultas de asistencia especializada, son de dos meses y para procedimientos diagnósticos. El que compete en el caso de la denunciante es de un mes de plazo máximo.
