La Asociación de la Función Pública celebró el "logro" de que se vayan a convocar 2.738 plazas de oposiciones que debían haberse sacado en el 2007 y el 2011, aunque consideró un "completo fraude jurídico" que se haga a través de un decreto-ley, "ya que una ley se ejecuta a través de reglamentos y actos administrativos, y no con otras normas con valor de ley". Por su parte, CGT pedirá explicaciones sobre cómo se articularán estas oposiciones en Educación.