La propuesta de la izquierda aragonesa (PSOE, Podemos, CHA e IU) de eliminar que la custodia compartida sea considerada como preferente en Aragón, no solo colisiona con los postulados del centroderecha, sino con los criterios de expertos en Derecho de la Familia, con asociaciones de padres y madres y hasta con el propio Justicia de Aragón, quien ha ejercido como titular de un Juzgado de Familia hasta su toma de posesión como defensor del pueblo hace nueve meses. Todos coinciden calificar la proposición no de ley de «retroceso».

El titular del Justiciazgo, Ángel Dolado, recalca que tiene que ser respetuoso con las Cortes, pero señala que el cambio propuesto está más cerca de la ley del divorcio de 1981 que de la realidad sociológica del siglo XXI. «Esta reforma hace un flaco favor al desarrollo profesional de las mujeres», destaca, mientras quiere dejar claro que en la práctica los jueces «estudian caso por caso y establecen la custodia compartida o individual en función, siempre, del interés del menor». De hecho, señala que el 60% de las resoluciones son custodias individuales frente al 40% de las compartidas.

PROPUESTA / Especialmente grave considera que la modificación de una ley que se aprobó en el 2010, con la única abstención de IU, señale en su articulado que se atenderá la «dedicación de cada progenitor/a al cuidado de los hijos e hijas durante el periodo de convivencia». «Esto tiene un peligro porque si una pareja, por su trabajo, ha llevado a cabo un reparto de papeles, esta ley hace un relato a favor del que más tiempo ha podido estar con el niño, generando unas dinámicas de circunstancias muy cuestionables», afirma Dolado.

En el mismo sentido se manifiestan dos abogadas expertas en derecho de Familia, Cristina Chárlez y Araceli Esteban, quienes insisten en que «el artículo 76 del Código Foral refleja el interés del menor. Por lo tanto, aunque se hable de una custodia compartida preferente, si el interés del menor es otro, se da la custodia individual». Advierten, además, que ahora la jurisprudencia del Tribunal Supremo va en la línea de la ley aragonesa actual.

Desde asociaciones de padres y madres separados, como APFS, también se oponen a su modificación. Daniel Rodríguez, su presidente, califica de «barbaridad» la proposición y advierte que no se quedarán quietos «porque es retroceder una lucha de 25 años». La votación de esta propuesta podría salir adelante en marzo.