La plataforma contra la privatización de la sanidad de Aragón denunció ayer las "continuas políticas de recortes y privatizaciones" que, según el colectivo, está llevando a cabo el Gobierno de Aragón en el área de rehabilitación funcional neurológica.

La plataforma criticó las "precarias condiciones" en que se encuentra el servicio, así como el "insuficiente ratio de centros públicos y de profesionales". Asimismo, también mostró su rechazo a la "externalización a fundaciones privadas", lo que "sumado a la interminable lista de espera y la masificación de pacientes en los servicios de rehabilitación" está provocando, en su opinión, "consecuencias catastróficas para la salud de los pacientes".

Entre ellas, la organización incluye un tiempo de rehabilitación funcional intrahospitalaria y ambulatoria "insuficiente". Además, la plataforma considera que los tiempos de espera entre el alta hospitalaria y el inicio de la rehabilitación ambulatoria están siendo "excesivamente prolongados".

ALTAS PREMATURAS

Del mismo modo, la plataforma contra la privatización de la sanidad cree que estos recortes y la externalización también son la causa de "altas prematuras" en rehabilitación de pacientes, así como de los "insuficientes" servicios de acompañamiento y de adaptación funcional en el hogar para los usuarios que lo requieren, "que son la mayoría" y denuncia un seguimiento "insuficiente" en los centros públicos de aquellos pacientes "con trastornos neurológicos con sintomatología leve".

Todas esas carencias tendrían como consecuencia el "abandono prematuro" del tratamiento "para aquellas familias que no disponen de recursos económicos para pagar centros de rehabilitación privados, es decir, la mayoría", asegura el colectivo, que también expone que los pacientes "no llegan a alcanzar una adecuada recuperación, lo que puede conllevar caídas, atragantamientos, complicaciones ortopédicas o respiratorias o sobrecarga familiar".

Por ello, la plataforma censura la "tomadura de pelo hacia el paciente y sus familiares", que, según el colectivo aragonés, "ha sido la norma en periodos precedentes al actual proceso de desmantelamiento público, creando el escenario propicio para justificar el ahorro de costes y la privatización de los servicios de rehabilitación neurológica", concluyó.