La Red de Agua Pública de Aragón (Rapa) ha tirado la toalla ante la posibilidad de lograr la ansiada reforma del Impuesto sobre la Contaminación de las Aguas (ICA) tras escuchar la presidente de la DGA, Javier Lambán, asegurar que es «utópico» que la ley se pueda aprobar antes del fin de la legislatura. «Ha actuado con una gran insensibilidad social», le acusaron ayer, al recordar que esta adecuación fue uno de sus compromisos de investidura que ha quedado «incumplido de forma inexplicable».
La presidenta de la organización contraria al ICA que más activa se ha mostrado, Maribel Torrecilla, tachó de «fracaso» la labor de la DGA respecto a la política de depuración de las aguas residuales y recordó que su primera acción fue «adjudicar a una empresa privada» la gestión del cobro de los recibos.
La Rapa ha salido a la calle en dos ocasiones durante esta legislatura para mostrar su rechazo con el tributo y ha impulsado una campaña para que los vecinos de Zaragoza no abonen el tributo que, siempre según sus cálculos, ha dejado más de 196.000 impagos.
Desde la organización reclaman un cambio de rumbo en el modelo de adjudicaciones y subvenciones que ha puesto en marcha la DGA y recomiendan tomar ejemplo de la planta de depuración de Fabara. La próxima acción de protesta de la Rapa tendrá lugar en el marco de la fiesta de la Cincomarzada que todos los años se celebra en Zaragoza.
