Los contactos del Gobierno de Aragón para intentar acordar una reforma del Impuesto sobre la Contaminación de las Aguas (ICA) están siendo constantes. Ayer fue el turno de la Red de Agua Pública de Aragón (RAPA) tras haber encabezado el pasado domingo una marcha contra el tributo por el centro de Zaragoza. Exigieron una moratoria hasta que se aclare el futuro de los pagos y señalaron que debe ser la DGA la que asuma de forma íntegra los sobrecostes del fallido plan de depuración y saneamiento que los originaron. Y poco después fue una delegación de las Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP) la que acudió a la cita.
Los portavoces de la RAPA, José Ángel Oliván y Enrique Gracia, indicaron que el modelo que detallaron ante los responsables de la DGA busca «un cambio de lógica» respecto respecto al sistema actual. El objetivo es que las futuras depuradoras se diseñen con la colaboración de los ayuntamientos y que los gastos «suntuarios» provocados por el pasado modelo se sufrague con cargo al presupuesto de la comunidad, algo que calculan en unos doce millones al año. «Existen sobrecostes que no deben asumir los ciudadanos», expresó Oliván,
El modelo propuesto por el sector crítico al ICA plantea que en los casos en los que es posible que las depuradoras sean gestionadas por los ayuntamientos de forma estos asuman la competencia y se financie con tasas locales.
También proponen la creación de una tasa autonómica de depuración equivalente al precio medio por metro cúbico facturado en Zaragoza que se aplicaría a los municipios que reciben la depuración a través del Instituto Aragonés del Agua (IAA) y se facturaría a los usuarios a través de la entidad que preste el servicio, con criterios de progresividad.
Además, la entidad propone que se fije un tributo complementario, equivalente a la diferencia entre la tasa autonómica y el precio por metro cúbico de depuración facturado en España. Este tributo se aplicaría a todos los municipios, tengan o no sistema de depuración, y se facturaría directamente a los ayuntamientos, no a los usuarios.
Los costes no cubiertos por los ingresos tributarios se compensarían con otros ingresos del presupuesto general del Gobierno de Aragón. Según los cálculos de la RAPA, estos cambios supondrían una reducción en el pago en torno al 40%.
MENOS SOLIDARIO
Por parte del Gobierno de Aragón estuvieron presentes en la cita el presidente Javier Lambán, el consejero de Desarrollo Rural, Joaquín Olona y la directora del Instituto Aragonés del Agua, Inés Torralba. El clima del encuentro fue calificado de «positivo» y todas las partes coincidieron en que en este momento están «más cerca de ponerse de acuerdo».
Olona evidenció que todas las propuestas que se están analizando en la mesa técnica tendrán que estar viculadas a una reforma parlamentaria de la ley de aguas. «Tenemos que buscar una solución estable», precisó.
A pesar de las buenas palabas, el consejero fue tajante en la imposibilidad de aplicar una moratoria para Zaragoza y otros municipios al ver «técnica y jurídicamente imposible». Tampoco pareció convencido en la propuesta de convertir gran parte de ICA en varias tasas gestionadas por los ayuntamientos. «No es la solución más adecuada en términos de solidaridad», reconoció.
El vicepresidente de la FAMCP y alcalde de Illueca por el PP, Ignacio Herrero, pidió que se apliquen exenciones y bonificaciones en impuesto que tengan en cuenta «las características y circunstancias de las familias». También recordó que los municipios de menor tamaño llevan 14 años afrontando los recibos y señaló que varios pueblos están siendo multados por no tener todavía una depuradora. Desde el organismo igualmente rechazaron la recuperación de las tasas para gestionar los pagos.
