Horas después de que la Mesa de las Cortes diera el visto bueno a la candidatura presentada por CHA para que el exjuez decano de Zaragoza, Ángel Dolado, opte a Justicia de Aragón, Ciudadanos (Cs) anunciaba que su grupo votará a favor para garantizar que el magistrado obtenga en primera ronda los 40 votos que necesita del Parlamento autonómico. Con este pronunciamiento parece que el relevo de Fernando García Vicente al frente del Justiciazgo queda allanado. Pero con una salvedad, porque precisamente en esa reunión, el Partido Popular, había solicitado un informe jurídico para que se aclare si la mayoría cualificada serían 40 votos o 41 porque matemáticamente los tres quintos de la Cámara se corresponden con 40,2 diputados.

La respuesta no es baladí porque si los servicios jurídicos dicen que son necesarios 41 votos, la suma de los partidos de izquierda -- los 18 del PSOE, los 14 de Podemos, los 2 de CHA y el voto de IU-- más el apoyo de Cs (5) no sería suficiente y habría que conquistar los votos del PP (21) o del PAR (6) o dejarían bloqueada la elección en la primera votación y debería convocarse otra vuelta en la que sería necesaria una mayoría absoluta normal: la mitad más uno (34).

El PP planteó la duda después de una reunión extraordinaria del comité de dirección celebrada ayer por la mañana.

El apoyo brindado por Cs a la candidatura del juez también se decidió en el comité autonómico de su partido. «Siempre hemos dicho que veníamos a las instituciones a hacer política útil, que consiste en valorar la idoneidad del candidato y evitar el bloqueo de situaciones que no conducen a nada bueno», explicó la portavoz de la formación naranja, Susana Gaspar.

Tras el visto bueno a la candidatura, la Comisión de Reglamento de la Cámara deberá emitir un dictamen, dentro del mes siguiente, sobre la idoneidad de la misma, y después deberá devolvera a la Mesa para que, oída la Junta de Portavoces, eleve al pleno la propuesta.

En la reunión también se dio luz verde a la solicitud de Podemos para crear una comisión de investigación sobre «las actuaciones, acciones y gestiones políticas» realizadas entre el 5 y el 14 de diciembre por los hechos ocurridos en Albalate del Arzobispo y en Andorra, que acabaron con la vida de un ganadero y dos guardias civiles y otras dos heridas, a manos de Igor el Ruso. Además, se aceptaron más de 90 documentos y comparecencias.