CSI-F ha mostrado hoy su temor a que el convenio que el Gobierno de Aragón firmó con Tragsa, por el que va a abonar 1,5 millones a cambio de su trabajo en la prevención y extinción de incendios en Teruel, sea un ensayo que, de funcionar, se extienda a todo Aragón y derive en el cierre de Sarga.
Este sindicado ha indicado en un comunicado que es "difícilmente explicable" que se traspasen esos fondos en lugar de utilizarlos para cumplir los compromisos que habían adquirido Gobierno de Aragón y empresa con la plantilla en cuanto al número de retenes y sus meses de trabajo.
De hecho, con poco más de la mitad de esa cantidad se hubiesen podido cumplir los objetivos acordados para 2014 (13.380 jornadas de trabajo) en todo Aragón, ha insistido CSI-F.
El sindicato ha indicado asimismo que resulta "chocante" que, en cambio, el Ejecutivo autonómico haya decidido recurrir a Tragsa, una empresa pública y dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, que arrastra desde hace tiempo unos notorios problemas que se han traducido en repetidos EREs.
Para esta organización, si a este hecho se unen los recortes que asigna el Gobierno de Aragón a Sarga, los retrasos en el pago de ese presupuesto y el avance hacia una progresiva privatización del servicio de recogida de cadáveres animales queda un "muy escaso margen para el optimismo".
Por ello, CSI-F ha añadido que hay motivos "más que sobrados" para justificar que la plantilla de Sarga se movilice, toda vez que ha apuntado que apoyará las iniciativas que, en este sentido, se convoquen.
