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DENUNCIA DE CSIF

La falta de personal en la Fiscalía de Menores provoca retrasos y que algunos delitos prescriban

Hay 6 funcionarios para instruir los casos de este tipo

 

Acceso a la Fiscalía de Menores de Zaragoza. - CHUS MARCHADOR

L. M. G.
02/12/2019

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) denunció ayer públicamente que la «actual falta de personal» en la Fiscalía de Menores «está provocando sobrecarga de trabajo a los funcionarios, retrasos en la tramitación de expedientes y que algunos asuntos prescriban sin llegar a juzgarse».

Hay seis funcionarios encargados de los temas de menores, una cifra claramente insuficiente para asumir todo el trabajo. En 2019, hasta finales de noviembre se han tratado ya 3.559 asuntos, y se prevé que a final de año el número de casos sea un 10% más que en todo 2018. Una de las causas del aumento de trabajo es el incremento de casos relacionados con los menores extranjeros no acompañados. Desde 2016, los expedientes relacionados con menores extranjeros no acompañados han aumentado un 33%.

La Fiscalía de Menores se encarga de instruir los temas que luego pasan a los dos juzgados de Menores. Además de casos de menores extranjeros no acompañados, también tratan asuntos de violencia de género entre menores, hurtos, robos con violencia o estafas, entre otros. Estos seis funcionarios atienden también a 20 educadores pertenecientes al Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) y a un equipo técnico formado por varios psicólogos, educadores y trabajadores sociales.

La carga de trabajo es inasumible, según fuentes de CSIF, que añaden que esta situación "provoca retrasos en la tramitación, con la gravedad de que hay asuntos que están prescribiendo antes de poder llegar a ser juzgados". "Los delitos leves cometidos por menores prescriben a los tres meses. Debido a la falta de medios, hay asuntos que no se llegan a juzgar, como hurtos por valor de menos de 400 euros. Por ejemplo, en el caso del robo de un móvil, pasados tres meses de la denuncia, el menor queda impune y la persona que lo ha denunciado no recupera ni el móvil ni el dinero", destacan desde estas fuentes. 

El cambio de sistema informático de gestión Avantius, a mediados de septiembre de 2018, empeoró esta situación, consideran desde este sindicato, desde el que añaden que este cambio "ha sido el punto de inflexión que ha provocado el desbordamiento total de la carga de trabajo haciéndola inasumible". "Los funcionarios deberían tener a su disposición modelos y plantillas de este nuevo sistema informático para facilitar el trabajo diario, pero esto no es así", destacan.

En la actualidad hay seis trabajadores para los temas de la Fiscalía de Menores. De ellos hay dos personas de baja. Una baja se ha cubierto con una persona interina, y la otra plaza se ha cubierto con personal de refuerzo de la Fiscalía de Zaragoza. Además, tres funcionarios son nuevos en la plantilla como consecuencia de la resolución del último concurso de traslado de febrero de 2019. "Se debería contar con una plantilla más amplia y estable, porque los temas que tratan son complicados y difíciles de gestionar", inciden. 

CSIF remitió dos escritos con fecha de 15 y 19 de noviembre a la directora general de Justicia del Gobierno de Aragón, solicitando la cobertura inmediata de todas las plazas y el nombramiento de personal de refuerzo suficiente para apoyar a estos compañeros sobrepasados. La única respuesta que CSIF ha obtenido de la Directora General de Justicia es que “están esperando a negociar con las organizaciones sindicales, las relaciones de puestos de trabajo que conformarán la nueva oficina fiscal y con ello tener dimensionadas el número de plazas necesarias”. "La situación que se está viviendo en Fiscalía es totalmente desesperada, y los funcionarios no pueden esperar a que la Dirección General de Justicia reúna a sindicatos para empezar a negociar las relaciones de puestos de trabajo", insisten desde CSIF. 

VERSIÓN DE LA DGA

Desde el Gobierno de Aragón señalan que es la Fiscalía Provincial de Zaragoza la que distribuye el personal, que no es la propia Dirección General de Justicia la que decide el destino de los funcionarios.