La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) denuncia que los funcionarios de la prisión de Zuera sufren una agresión, amenaza o insulto cada dos días, según los casos contabilizados por CSIF en 2019. El año pasado se produjeron 11 casos de agresiones en las que resultaron afectados 38 funcionarios: 10 con lesiones graves, 11 con lesiones leves y 17 sin lesiones. Además, se registraron 92 episodios de amenazas y coacciones, y 80 de insultos. En total, 183 casos de agresiones, amenazas o insultos.
Instituciones Penitenciarias solo reconoce oficialmente 4 casos de agresiones, con 13 trabajadores afectados, según el sindicato. “Las cifras oficiales están muy alejadas de la realidad, porque para que una agresión o amenaza sea registrada oficialmente, tiene que haber una lesión física constatable, con un parte de lesiones y el funcionario tiene que elevar un informe, un trámite burocrático que muchos desconocen. Nosotros recogemos un parte diario de las incidencias en la cárcel, que demuestra los problemas crecientes de convivencia y de falta de seguridad en nuestro trabajo”, afirma Alfonso Peiró, responsable de Prisiones de CSIF Aragón. Una de las últimas agresiones registradas se produjo el pasado sábado 15 de febrero, cuando un recluso conflictivo agredió e hirió a un funcionario, que está de baja.
“La situación de Zuera es insostenible, por la sobreocupación (la tercera prisión con más reclusos de España, 1.332); por las características de los internos (un gran número de presos conflictivos y con problemas mentales, y muchos trasladados de otras comunidades); por la escasez de personal, y por la falta de medidas de seguridad para los funcionarios, entre otros motivos”, subraya Alfonso Peiró.
“Los trabajadores estamos indefensos ante las agresiones. No tenemos medios para protegernos. Tenemos un armario con medios de seguridad, como grilletes o chalecos, pero no los llevamos habitualmente encima y solo podemos usarlos con autorización, después de que se haya producido un hecho violento. Nos hemos acostumbrado tristemente a que las amenazas e insultos sean habituales en nuestro trabajo”, lamentan desde CSIF.
CSIF reclama más personal en la cárcel y la reposición de las personas que pasan a segunda actividad (a partir de los 57 años pueden pasar a oficinas y sus plazas de vigilantes no se cubren). También exige una nueva regulación del uso de medios coercitivos por parte de los funcionarios, incluyendo pistolas táser y chalecos apropiados. Otra reclamación pendiente es el reconocimiento de la figura de “agente de autoridad” para los funcionarios de prisiones, lo que implicaría mayor protección legal para estos trabajadores. “La Ley Orgánica General Penitenciaria se ha quedado obsoleta, es de 1979, y hay que adaptarla a la realidad de las cárceles”, subraya Alfonso Peiró.
