El sindicato CSIF mostró ayer su "temor" a que el convenio que la DGA firmó con la empresa pública Tragsa, por el que, como avanzó EL PERIÓDICO, va a abonar 1,5 millones de euros a cambio de su trabajo en la prevención y extinción de incendios en la provincia de Teruel, acabe convirtiéndose en un "ensayo" que, de funcionar, "se extendería a todo Aragón y derivaría en el cierre de Sarga".

El sindicato considera que resulta "difícilmente explicable" que se traspasen esos fondos "en lugar de utilizarlos para cumplir los compromisos que habían adquirido DGA y empresa con la plantilla en cuanto al número de retenes y sus meses de trabajo". De hecho, CSIF asegura que "con poco más de la mitad de esa cantidad se hubiesen podido cumplir los objetivos acordados para el 2014 (13.380 jornadas de trabajo) en todo Aragón".

CSIF entiende que resulta "especialmente chocante" que la DGA haya decidido recurrir a Tragsa, una empresa igualmente pública y dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, "que arrastra desde hace tiempo unos notorios problemas que se han traducido en repetidos EREs" y "si a esto unimos los recortes del presupuesto que asigna la DGA a Sarga, los retrasos en el pago de ese presupuesto y el avance hacia una progresiva privatización del servicio de recogida de cadáveres animales, queda un muy escaso margen para el optimismo", indicaron desde el colectivo.

Por todo ello, CSIF reiteró que cree que hay "motivos más que sobrados para justificar que la plantilla de Sarga se movilice" y, en consecuencia, mostró su "apoyo" a las iniciativas que, en este sentido, se convoquen.