El 20 de abril se cumplieron 15 años de la derogación del trasvase del Ebro en el Congreso de los Diputados. Acababa una amenaza real para el futuro de Aragón tras largas polémicas y tensiones en los partidos. También sirvió para reforzar a algunos, cambiar la posición de otros y condicionar gran parte de la agenda política aragonesa durante los años posteriores. Asimismo, puso de acuerdo de una vez a una mayoría de la sociedad aragonesa que salió masivamente a las calles en Zaragoza, Valencia, Barcelona, Madrid o Bruselas para oponerse a un trasvase que hipotecaba el futuro de la comunidad Por primera vez se reducía la brecha entre la montaña y el llano.
El presidente del Gobierno entonces, José Luis Rodríguez Zapatero, cumplía con una promesa que había lanzado durante la campaña de los comicios que ganó un año antes. Esta promesa, hecha en Zaragoza y que se tomó con escepticismo en Aragón y recelos por sectores trasvasistas de su partido, venía forzada por la necesidad de Zapatero de ganarse los apoyos de ERC y CHA para gobernar y por contentar al PSC, que en ese momento gobernaba en Cataluña precisamente con ERC e ICV y suponía un importante granero de votos para los socialistas.
Hubo otros dos condicionantes fundamentales más. Uno, los reparos de Bruselas a financiar un proyecto inviable económicamente y que atentaba contra las directivas europeas y la nueva política del agua respetuosa con el medioambiente. Otro, la influencia de la ministra Cristina Narbona , una política alineada con las políticas hidráulicas sostenibles y contraria al hormigonado de los ríos.
El agua dejó de ser una materia para técnicos y agricultores para convertirse en arma política que influyó de forma determinante en Aragón. Con especial impacto en prácticamente todos los partidos. Por un lado, reforzó al aragonesismo político, especialmente a CHA, que gracias al liderazgo y carisma de Chesús Bernal y sobre todo de José Antonio Labordeta, aumentó su apoyo electoral s y llegó al Congreso. Ayudó al PAR, que hábilmente se había desvinculado de su coalición con el PP en 1999, como si viera venir lo que se avecinaba y el agua le sirvió de acicate para coger impulso y retomar su espíritu original, tras unos años de crisis y un paulatino descenso electoral. Aunque su encendida posición antitrasvasista no se tradujo en un espectacular aumento de votos, sí se reforzó su posición en el Gobierno, especialmente en la figura de José Ángel Biel, que prácticamente formó un tándem con el presidente Marcelino Iglesias en el que ambos se pisaban poco la manguera, aparcelaron sus competencias y construyeron un liderazgo que duró 12 años.
Iglesias y el PSOE fueron también los grandes beneficiados del cambio de rumbo en el partido a nivel federal. Por suerte para Iglesias, nunca se tuvo que demostrar si habría cumplido la promesa que había hecho en la que aseguró que dimitiría como presidente de Aragón si su partido mantenía el trasvase. No hizo falta que se viera en ese aprieto, porque las tesis antitrasvasistas del PSOE aragonés, y del PSC, se oyeron en Ferraz con más fuerza que las de aquellos que se oponían al trasvase pero sabían que defender esa postura en el Levante -que en esa época era el feudo imbatible del PP de Zaplana, Campsy Valcárcel- suponía poco menos que el suicidio político.
La posición hidráulica de Zapatero poco tenía que ver con la del PSOE anterior, aquella de un Felipe González completamente insensible a las reivindicaciones aragonesas, hasta el punto de reprochar despectivamente que no se podía vivir «sentado encima de un botijo». Aquel PSOE de los años 90 miraba poco más allá del centralismo madrileño y la influencia de los nacionalistas conservadores vascos y catalanes, incluso proyectó un trasvase, planificado por José Borrell, aún más grande que el propuesto por el PP de José María Aznar. Pero Zapatero poco tenía que ver con aquella generación anterior, lo que fue decisivo, y positivo para los intereses de los socialistas aragoneses.
Pero si para alguien fue traumático aquel trasvase fue para el PP aragonés. En la época de la mayoría absolutísima de este partido en España, Madrid, Valencia o Murcia, aquí vagaba erráticamente por la oposición social al trasvase y la ambigua y tímida posición política de los conservadores aragoneses. El recientemente fallecido Santiago Lanzuela llevó durante años como estigma su desacertada frase a Aznar en la que le dijo: «úsanos». Y Aznar les usó. O más bien, poco le importó sacrificar Aragón en beneficio de comunidades en las que sacaba más réditos electorales y los grandes lobis del hormigón que se frotaban las manos con un proyecto que les garantizaba obras por un valor aproximado de 4.000 millones de euros en el 2000.
Ese proyecto dinamitó al PP aragonés y convirtió a Gustavo Alcalde en un líder derrotado de antemano. Tres diputados fueron decisivos para cambiar la estrategia en Aragón (aunque casi les cuesta la cabeza en Génova). Esos diputados fueron Eloy Suárez, Ángel Pintado y el fallecido Antonio Torres, quienes hicieron ver al PP aragonés que si no se separaben de la tesis central del partido, en Aragón no iban a tener nunca opciones de Gobierno. Años después, y sin mucho convencimiento, la bautizada como guerra del agua en el seno interno del PP acabó con un pacto en el 2006 con los responsables territoriales del partido en Aragón, Valencia, Castilla-La Mancha y Murcia. Y si bien el PP nacional lidia como puede con sus contradicciones trasvasistas, los conservadores aragoneses se unieron firmemente a la posición del resto de los partido que entonces eran los protagoistas de una época que parece .muy.a lejana, aunque solo han pasado 15 años.
