El cuartel Sancho Ramírez, escenario de una última batalla por la permanencia en la ciudad de Huesca de su única instalación militar, quedará definitivamente cerrado el próximo 31 de marzo. De esta forma, pese a la oposición de las familias afectadas y de la capital del Alto Aragón, se cumplirán los planes del Ministerio de Defensa, empeñado en concentrar efectivos y dependencias en detrimento de las localidades afectadas.
«El 31 de marzo es en realidad una fecha simbólica, porque lo cierto es que las familias afectadas ya se marcharon a sus nuevos destinos a partir del 10 de enero pasado», señaló ayer Patricia Novo, responsable de la plataforma que se creó para intentar frenar la disolución y el traslado del cuartel.
Desde que se anunció el cierre del acuartelamiento hace ya más de dos años, Novo advirtió de que la desaparición de esta infraestructura militar tendrá un efecto muy negativo en la economía oscense. La propia Cámara de Comercio de Huesca cifró en 8 millones los euros que se perderán con la marcha de las 300 familias que dependen de la instalación castrense.
La mayoría de ellas se ha desplazado ya a Zaragoza, dado que la capital aragonesa ha absorbido la unidad. Sin embargo, un pequeño número de familias permanece en Huesca todavía, «sobre todo las que tienen hijos en edad escolar», indicó Novo. Esta situación, sin embargo, es provisional y cuando acabe el curso proseguirá la marcha a los nuevos destinos.
Desde hace un tiempo, la instalación se halla en manos de una comisión liquidadora que se dedica a vaciar las dependencias y a dar de baja los distintos contratos que todavía mantiene para el suministro de agua y energía. Una vez completado este proceso, el acuartelamiento se someterá a vigilancia para evitar su deterioro y es posible que alguno de sus edificios se ponga a la venta.
El cuartel Sancho Ramírez daba empleo a unas 300 personas, entre militares y civiles y su aprovisionamiento constituía una importante fuente de actividad económica que se extingue por completo con su cierre. Su clausura era imparable desde el momento en que Defensa la decretó y de nada ha servido la movilización de Huesca y de sus partidos políticos.
Las fuerzas representativas de la ciudad se reunieron con los ministros del ramo, primero Pedro Morenés y después María Dolores de Cospedal, pero sus gestiones se vieron entorpecidas por la tardanza en formar gobierno a raíz de las elecciones generales del 2015 y el 2016.
