Mario Oliván Blasco ha sido condenado a cuatro años de cárcel por el fraude de 144.500 euros en prestaciones de desempleo o incapacidad, al dar de alta a trabajadores en una empresa con actividad ficticia. La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Zaragoza le impone además una multa de 300.000 euros y le coloca como responsable civil (del pago) de las cuotas defraudadas al INEM.

El tribunal considera probado que este acusado constituyó en el 2009 en Zaragoza la empresa Suministros Maol, en la que ejercía como único socio y administrador. A pesar de carecer de actividad laboral alguna, Oliván, añade el fallo, realizó contratos de trabajo a los demás acusados, entre ellos varios inmigrantes sin permiso de residencia, a cambio del pago de distintas cantidades de dinero. Por estos contratos obtenían luego los subsidios.

Junto a él han sido condenados 19 de los 23 falsos trabajadores acusados a penas de entre 4 y 7 meses de cárcel y multas que suman 300.000 euros por delitos contra la Seguridad Social o falsedad en documento público, además de la devolución de las cantidades indebidamente percibidas.

A los otros cuatro los absuelve por no ver vinculación con la empresa o no haber llegado a obtener ningún beneficio de su paso por ella.