La Policía Nacional ha detenido en Zaragoza, en tan sólo dos días, a cuatro personas que simulaban ser pareja de hecho con el fin de regularizar la situación administrativa de uno de sus componentes.

El modus operandi consiste en la simulación que un extranjero en situación irregular realiza con la ayuda de un español de origen o, en muchos casos, nacionalizado, que hacen ver ante las autoridades que son una pareja de hecho que conviven como si fueran matrimonio.

Es la propia Oficina de Extranjeros la que solicita de manera habitual a la Policía que emita un informe acerca de la veracidad de la convivencia marital en Zaragoza de los interesados, según la Jefatura Superior de Policía de Aragón. De esta forma, la labor de investigación policial permitió acreditar que dos parejas, que mostraron una unión estable no casada y que fueron inscritas en el correspondiente registro, en realidad no lo eran. No era más que una simulación para tratar de aprovecharse de las ventajas que esta figura les otorga en el régimen de extranjería.

Por estos hechos, los pasados días 24 y 26 de abril fueron detenidas cuatro personas, componentes de estas dos parejas simuladas, a los que se les acusa de la comisión de los delitos de falsedad documental y favorecimiento de la inmigración ilegal. Estas detenciones se suman a otras seis realizadas por estos mismos hechos en lo que va de año.

En el año 2018, la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF) de la Brigada de Extranjería comprobó 183 solicitudes de este tipo a instancias de la Oficina de Extranjeros de la Delegación del Gobierno, dando lugar a 107 informes desfavorables y a la detención 28 personas por los delitos de falsedad documental y favorecimiento de la inmigración ilegal.

Desde que comenzó el 2019, la Oficina Única de Extranjeros analizó 65 parejas que solicitaron un permiso de familiar comunitario, de los que se han informado en sentido desfavorable 31 casos, desembocando las actuaciones en seis detenciones por delitos penales. Por ello, la Policía Nacional advierte de que, sin perjuicio de las consecuencias penales o en vía civil del consentimiento viciado, la actual Ley de Extranjería contempla y castiga estos comportamientos como infracciones graves que se castigan con multas que pueden alcanzar hasta los 10.000 euros, y otras muy graves cuyas multas podrían ascender hasta los 100.000.