Otra plantación de marihuana intervenida en una nave industrial. En esta ocasión en la localidad zaragozana de Fuentes de Ebro donde la Policía Nacional intervino 130 kilos de cannabis y arrestó a cuatro personas.
La intervención la llevó a cabo el Grupo Operativo de Respuesta de la Jefatura Superior de Policía de Aragón que se desplegó el jueves por la tarde en el almacén, tras una investigación puesta en marcha a partir de unos hechos ocurridos en la capital aragonesa. Esta circunstancia explicaría que el Cuerpo Nacional de Policía haya actuado en un territorio donde es competente la Guardia Civil.
Según pudo saber EL PERIÓDICO, la nave estaba perfectamente equipada para llevar a cabo este cultivo indoor que hasta la fecha se había visto en el interior de viviendas, principalmente en chalets. Las actuaciones están secretas, puesto que la investigación continúa abierta y podría haber más detenciones.
Justo hace una semana la Guardia Civil llevó a cabo una operación en la que realizaron tres registros en las naves ubicadas en Empresarium, en la Cartuja Baja; en La Puebla de Alfindén y en Villanueva de Gállego. En el interior de todas ellas se hallaron un total de 1.748 plantas de cannabis en diferentes estados de crecimiento, así como todo lo necesario para el cultivo de la sustancia. Fruto de todo ello, cinco personas fueron arrestadas, cuatro hombres y una mujer, todos de nacionalidad albanesa, a los que se les imputan delitos de pertenencia a grupo criminal, contra la salud pública y defraudación de fluido eléctrico.
El consumo de la marihuana está en aumento tanto por los cambios de consumo como por una penalidad más laxa. La producción y el procesamiento de la marihuana se ha disparado desde el 2015, tanto en Aragón como en el resto de España, en particular en el corredor del litoral mediterráneo. Este incremento, que no ha pasado inadvertido para las Fuerzas y Cuerpos del Estado, que han detectado una serie de tendencias.
Cambios
Una de ellas es un abandono progresivo del cultivo bajo techo, dado que llama más la atención de los vecinos y a menudo queda delatado por el desaforado uso de electricidad o su obtención fraudulenta. De ahí la preferencia por los invernaderos y por los inmuebles aislados.
A su vez, estos edificios deben ser fáciles de vigilar y tener un difícil acceso, tanto para eludir el robo por parte de otras bandas como para disponer de una vía de escape más rápida. Por otro lado, se ha observado que, con los años, se ha ido estableciendo un orden jerárquico en los cultivadores, con los más pequeños vendiendo a los que están por encima de ellos. Esta escala rige todo el sistema, desde los vigilantes de los invernaderos, que sale por mil euros al mes, a los grandes capos, que sacan a razón de 3.000 euros de media por un kilo de cogollos de marihuana colocados en el mercado europeo.
